Elecciones Perú 2026: entre el deber cívico y el bolsillo
Por: Luis Rubén Maldonado Alvídrez
Lima, Perú.– Estuve como observador electoral en la primera vuelta presidencial peruana el pasado 12 de abril, mi labor suele centrarse en la frialdad de las actas, los candados de las urnas y el flujo de los votantes en los centros de sufragio. Sin embargo, para entender verdaderamente el pulso de la próxima segunda vuelta presidencial en este país, es obligatorio contarles más allá de los centros de votación y caminar sus calles
Lima nos recibió con una atmósfera de tensa calma. Es una ciudad de contrastes fascinantes: mientras transito entre plazas coloniales y paradas de autobús, soy testigo de cómo la población digirió una de las jornadas electorales más fragmentadas de su historia reciente. En cada esquina, entre el aroma de la comida al paso, el frescor de la chicha morada y el omnipresente color amarillo de la Inca Kola, el debate político rugió con fuerza.
Los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya han dejado el tablero listo para el próximo domingo 7 de junio: un balotaje de infarto, voto a voto, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Pero en mis conversaciones con los ciudadanos en los paraderos y plazas de la “Lima gris”, noto algo peculiar: el verdadero murmullo no gira solo en torno a la polarización ideológica, al peso del apellido Fujimori —ese péndulo que divide al país entre la nostalgia de su “Fujimóvil” y el rechazo a su herencia— o a liderazgos locales como el de Rafael “Porky” López Aliaga. El gran tema de conversación es el bolsillo.
En el Perú, he tenido que aprender que el voto no es un simple derecho o un acto de fe; es una obligación civil resguardada con puño de hierro por el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí, la apatía democrática se paga cara.
Desde una perspectiva técnica, el diseño del esquema de sanciones del JNE me resulta sumamente interesante, ya que aplica multas escalonadas basadas directamente en el nivel socioeconómico del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del elector:
- Distritos “No Pobres”: En las zonas urbanas o de mayor desarrollo económico donde me ha tocado desplegarme, el ciudadano que decida no acudir a las urnas es penalizado con una multa de 35 dólares.
- Distritos “Pobres”: En los sectores vulnerables, la sanción económica se fija en 15 dólares.
- Distritos de “Pobreza Extrema”: Incluso en las regiones con las mayores carencias estructurales del país, la inasistencia se castiga con una tarifa de 7 dólares.
Durante mis recorridos de supervisión, uno de los puntos críticos que siempre vigilamos es la apertura a tiempo de las mesas de sufragio. En Perú, faltar a esta responsabilidad como miembro de mesa (titular o suplente) no es una opción ligera: la inasistencia se traduce en una multa directa de S/ 275.00 soles.
Lo que más llamó mi atención como observador es el carácter acumulativo de estas penalizaciones. Si un ciudadano seleccionado como miembro de mesa en un distrito “no pobre” decide ausentarse de sus funciones y, además, no vota, la deuda con el Estado escala de inmediato a S/ 385.00 soles en un solo día.
Nota de observación de cara al 7 de junio: Al ser la primera vuelta del 12 de abril y este balotaje dos procesos independientes, las multas se duplican para los infractores recurrentes. Alguien que falte a ambas citas podría terminar debiendo más de S/ 700.00 soles al fisco en un par de semanas.
Como extranjero, resulta sorprendente constatar el alcance real de no estar al corriente con el JNE. El verdadero peligro para el ciudadano no es sólo la deuda en sí, sino la “muerte civil” inmediata que el Estado impone a los deudores. Un elector con multas pendientes queda prácticamente paralizado en su vida cotidiana:
- Bloqueo notarial: No puede comprar ni vender propiedades, ni firmar contratos.
- Restricciones de identidad: Se le impide renovar o realizar gestiones con su DNI.
- Trabas bancarias: Imposibilidad de solicitar créditos, abrir cuentas o realizar operaciones financieras clave.
- Viajes: Limitaciones severas para tramitar pasaportes o salir del país.
- Sector público: Prohibición absoluta para ser nombrado funcionario o trabajar para el Estado.
¿Existen salidas legales? Sí, pero mis notas de campo confirman que el JNE es inflexible. El trámite de dispensa virtual posterior a la elección sólo exonera a quienes demuestren con documentos médicos o probatorios situaciones extremas: problemas graves de salud, desastres naturales o el robo del DNI en los días previos.
Mientras Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez recorren el país quemando sus últimos cartuchos discursivos para definir el rumbo de los próximos cinco años, me queda claro que el proceso peruano es único.
En este escenario de polarización extrema, inevitable es latealidad latente: el próximo 7 de junio, millones de peruanos acudirán a las urnas movilizados por sus ideales políticos, pero también empujados por una estricta cultura de la obligatoriedad. En el Perú actual, votar no es sólo una decisión sobre el futuro de la patria; es, fundamentalmente, una medida de supervivencia para el propio bolsillo.
