Ortega elimina la doble nacionalidad y endurece el control político en Nicaragua
Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega formalizó este martes la eliminación del derecho a la doble nacionalidad en Nicaragua, tras la aprobación en segunda legislatura de una reforma constitucional avalada por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo. Con la modificación del artículo 23 de la Carta Magna, la nacionalidad nicaragüense se perderá automáticamente al adquirir otra ciudadanía.
La medida, anunciada públicamente en mayo de 2025, se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración constitucional orientado a consolidar el control político del Ejecutivo, encabezado por Ortega y la copresidenta Rosario Murillo. La reforma profundiza el desmontaje de la separación de poderes y eleva a rango constitucional prácticas represivas que el régimen ya había aplicado sin sustento legal, como la desnacionalización de opositores.
El anuncio inicial se realizó durante un acto oficial por el natalicio de Augusto C. Sandino. En esa ocasión, diputados oficialistas defendieron la reforma bajo un discurso de corte “antiimperialista” y la presentaron como un mecanismo para frenar supuestas injerencias extranjeras. Gustavo Porras, presidente del Parlamento y operador clave del oficialismo, sostuvo entonces que “nadie debe servir a dos patrias”.
La eliminación de la doble nacionalidad generó inquietud inmediata entre amplios sectores de la población, especialmente en redes sociales, un espacio donde la crítica pública sigue marcada por el temor a represalias. La principal preocupación fue el posible carácter retroactivo de la reforma y su impacto sobre miles de nicaragüenses que residen en el exterior y han adquirido otras ciudadanías. Días después, Porras aseguró en televisión que la normativa no se aplicaría de manera retroactiva y llamó a la población a “estar tranquila”.
Sin embargo, juristas y defensores de derechos humanos ponen en duda esas garantías. El abogado Juan Diego Barberena recordó que, en febrero de 2023, el régimen despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos y, posteriormente, a otras 94 personas en el exilio, sin que existiera entonces un marco constitucional que respaldara esa decisión. “El discurso oficial contradice los hechos”, sostiene.
En enero de 2024, el Ejecutivo publicó la Ley No. 1190, que reformó el artículo 21 de la Constitución para permitir la pérdida de la nacionalidad a quienes fueran catalogados como “traidores a la patria”. La norma se aprobó después de que las desnacionalizaciones ya se habían ejecutado, en abierta contradicción con el principio de irretroactividad del derecho.
Especialistas subrayan que la reforma actual supone un retroceso deliberado. La Constitución de 1987 contemplaba la pérdida de la nacionalidad por adquirir otra, pero esa disposición fue eliminada en el año 2000 para no excluir políticamente a exiliados que se naturalizaron en el extranjero. “Lo que hace ahora el régimen es reinstalar esa causal para reforzar mecanismos de inhibición electoral”, explica Barberena, en alusión a opositores naturalizados, principalmente en España.
Para los críticos, la reforma apunta de manera directa contra la diáspora que abandonó el país tras la represión de 2018 y abre la puerta a nuevas desnacionalizaciones bajo criterios discrecionales. La figura de “traición a la patria”, aplicada sin procesos judiciales ni pruebas públicas, también conlleva la confiscación de bienes.
Durante la votación final, el oficialismo defendió la reforma como un acto de soberanía. “Ser nicaragüense no es un título, sino un compromiso con la defensa de la independencia y la autodeterminación”, argumentaron los diputados sandinistas, al tiempo que dejaron claro que, para el régimen, optar por otra nacionalidad equivale a renunciar a la pertenencia política al Estado nicaragüense.
Fuente: El País
