Presidente Mulino cuestiona Ley 491 que aumenta pensión mínima sin consulta previa
Advierte posible veto ante preocupaciones por impacto económico y falta de diálogo
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, criticó la aprobación en segundo debate del proyecto de Ley 491, que plantea una pensión mínima de 600 dólares para jubilados y pensionados, debido a que, según afirmó, la iniciativa llegó sin consulta previa con el Ejecutivo ni con sectores económicos clave. Mulino advirtió que podría vetar la ley si avanza en el tercer debate, mientras gremios empresariales alertan sobre el impacto negativo que podría tener esta medida en la competitividad del país.
Críticas del Ejecutivo por falta de diálogo
Durante una reciente declaración, el mandatario expresó su descontento por la forma en que se presentó el proyecto de Ley 491. “Ese proyecto de ley apareció como apareció sin ningún tipo de consulta previa ni conmigo, ni con el ministro del MEF ni con la Autoridad Marítima de Panamá”, señaló Mulino, en referencia al Ministerio de Economía y Finanzas y a la entidad encargada de la logística portuaria.
El presidente adelantó que evaluará su posición cuando la Asamblea Nacional termine la discusión y decida aprobar o rechazar la propuesta. “La Asamblea tendrá que decidir y yo también, si avanza y se aprueba, cuando llegue el momento de sancionar o vetar”, afirmó.
Detalles del proyecto y reacciones del sector privado
La Ley 491 busca establecer una pensión mínima de 600 dólares mensuales para los jubilados y pensionados panameños. Para financiar este aumento, el proyecto contempla la creación de nuevos mecanismos de recaudación, incluyendo impuestos sobre el movimiento de contenedores, actividad fundamental para la economía logística del país.
Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupación en distintos sectores empresariales. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) advirtió que la iniciativa podría generar nuevas cargas económicas que afectarían sectores estratégicos para Panamá.
Por su parte, la Cámara Marítima de Panamá señaló que la tasa propuesta sobre los contenedores podría mermar la competitividad logística del país, poniendo en riesgo su posición como hub de comercio internacional.
Debate entre sostenibilidad social y competitividad económica
El proyecto de Ley 491 ha desatado un debate intenso entre la necesidad de garantizar un ingreso digno para los jubilados y pensionados, y el riesgo de que medidas fiscales adicionales afecten la competitividad de la economía panameña.
La discusión continuará en el pleno legislativo, donde se analizarán con detalle los alcances y posibles efectos de esta iniciativa. Mientras tanto, el gobierno y los gremios económicos mantienen posiciones encontradas sobre el camino a seguir.
Este caso refleja el reto que enfrentan muchas naciones al buscar equilibrar el bienestar social con la estabilidad económica. Panamá deberá definir un consenso que permita avanzar en la protección de sus adultos mayores sin comprometer su desarrollo estratégico.
Para más información sobre las políticas económicas y sociales en Panamá, puede consultarse el sitio oficial del Gobierno de Panamá.
