María Antonieta Mejía cuestiona “juicio político condicionado” y advierte riesgo al Estado de derecho
La designada presidencial alerta sobre posibles manipulaciones políticas en el proceso judicial en Honduras
Tegucigalpa, 20 de marzo de 2026 — La designada presidencial María Antonieta Mejía expresó su preocupación por la posible existencia de un “juicio político condicionado” en Honduras, advirtiendo que esta práctica podría sentar un precedente peligroso para la institucionalidad y el Estado de derecho en el país. A través de su cuenta en la red social X, Mejía criticó que algunos diputados buscarían supeditar este mecanismo a intereses políticos, en particular en apoyo a un candidato que no reconoce los resultados electorales.
Críticas al proceso y a los actores políticos involucrados
En su mensaje, Mejía inició cuestionando la idea de un juicio político condicionado y señaló que dicha acción responde a intereses particulares, no a la justicia. “¿Juicio político condicionado…???”, preguntó retóricamente, haciendo referencia a la postura de ciertos legisladores.
La funcionaria afirmó que estas posturas están alineadas con un candidato que aún se niega a aceptar que no fue electo, lo que, según ella, representa un desconocimiento de la voluntad popular. Además, destacó que la justicia debe basarse en hechos concretos y responsabilidades individuales, no en criterios políticos. “Igualar lo que no es igual no es justicia, es manipulación”, enfatizó.
Riesgo para la institucionalidad y llamado a la ciudadanía
María Antonieta Mejía también se refirió al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, señalando contradicciones en el respaldo que recibe, a pesar de decisiones que, en su opinión, han debilitado la institucionalidad y puesto en riesgo la democracia hondureña.
La designada presidencial subrayó que la ciudadanía demanda la aplicación de la ley sin privilegios ni cálculos políticos, especialmente en un momento en que crece el rechazo a la impunidad. Para Mejía, este no es solo un trámite más en el Congreso, sino una definición crucial sobre la vigencia del Estado de derecho en Honduras.
“Aquí no se debate un trámite, se define si hay estado de derecho”, concluyó.
Este pronunciamiento se enmarca en un contexto político tenso en Honduras, donde la estabilidad institucional y la confianza en los procesos democráticos están siendo cuestionadas por diversos actores. La vigilancia ciudadana y la transparencia en la aplicación de la ley son factores clave para garantizar la democracia en el país.
Para más información sobre la institucionalidad y el Estado de derecho en Honduras, puede consultarse la página oficial del gobierno gob.mx.
