Juez aplaza audiencia en el caso Goleada contra alcalde Aquiles Álvarez y familiares
La nulidad de la audiencia preparatoria retrasa el proceso judicial por lavado de activos en Guayaquil
El juez temporal José Sebastián Cornejo Aguiar declaró la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Goleada, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y varios familiares, el domingo 23 de agosto de 2026. Esta decisión, tomada en Guayaquil, prolonga la fase previa al juicio por presunto lavado de activos, acumulando más de 193 días de retraso en el proceso. La nulidad abarca todas las audiencias celebradas en agosto, lo que obliga a reiniciar el procedimiento desde cero.
Cambios en la conducción del caso y suspensión de audiencias
José Sebastián Cornejo asumió temporalmente el expediente luego de la suspensión del juez anterior, Jairo García, quien enfrentó sanciones por presunta negligencia en otro caso relacionado con tráfico de armas. Cornejo resolvió anular la audiencia que se había llevado a cabo desde el 3 de agosto, afectando el cronograma judicial previsto.
El abogado Julio César Cueva, defensor de Fiorella Ycaza —esposa del alcalde Álvarez—, solicitó la suspensión de la audiencia hasta conocer el resultado final sobre la inscripción de candidaturas en la Junta Electoral del Guayas. Según Cueva, continuar con el proceso sin esta información vulneraría los derechos políticos de los procesados y causaría una pérdida de tiempo, pues la diligencia probablemente tendría que suspenderse nuevamente.
Aspecto electoral y estado actual del proceso
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los cuatro procesados en el caso Goleada no cuentan con inmunidad electoral porque sus candidaturas no están aún firmes. Esto fue un punto clave para que el juez Jairo García avanzara con la audiencia preparatoria de juicio, a pesar de las peticiones de defensa. Entre los involucrados están Gastón Loy, Pedro Hidalgo, y familiares del alcalde, inscritos para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
La fiscalía, representada por Dennis Villavicencio, acusa a Álvarez y su entorno familiar de integrar una estructura empresarial dedicada a la comercialización irregular de combustibles, presuntamente usada para lavar activos. El retraso en la etapa preparatoria prolonga la incertidumbre en este proceso judicial de gran relevancia para la ciudad.
Este aplazamiento representa un nuevo capítulo en un caso que ha estado detenido durante meses y que tiene implicaciones tanto legales como políticas en Guayaquil. El desarrollo del proceso será clave para definir la situación jurídica de los involucrados en los próximos meses.
Para más información sobre procedimientos judiciales en Ecuador, consulte el sitio oficial del Gobierno de México.
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