Italia. Meloni acelera la Ley de Seguridad pese a críticas de inconstitucionalidad
El Senado aprueba un paquete que endurece penas y amplía facultades policiales en medio de controversias legales y sociales
El gobierno de Italia, liderado por Giorgia Meloni, aceleró la aprobación en el Senado de un controvertido decreto de seguridad que endurece las penas por protestas sociales y otorga mayor discrecionalidad a las fuerzas policiales. La votación se llevó a cabo el 19 de abril de 2026, en Roma, tras una sesión maratónica de once horas, en un contexto marcado por fuertes críticas de organizaciones judiciales y sociales que advierten sobre un posible impacto negativo en las libertades fundamentales y el derecho a la manifestación.
Detalles del decreto y su tramitación acelerada
El decreto, que ahora será discutido en la Cámara de Diputados, incluye medidas como la extensión de la prohibición para participar en reuniones públicas a personas condenadas por resistencia o daños, y el endurecimiento de sanciones por hurtos y desórdenes. Además, autoriza el uso de pistolas de aire comprimido con spray de pimienta y proyectiles de pintura para “marcar” a manifestantes considerados peligrosos.
El gobierno impulsó una tramitación exprés, ignorando la figura del relator en comisión, y utilizó el mecanismo de confianza para asegurar la aprobación. Esto generó rechazo de la oposición y sectores sociales, que calificaron el proceso de “imposición autoritaria” y denunciaron la falta de diálogo parlamentario.
Reacciones del Consejo Superior de la Magistratura
El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) emitió un comunicado crítico señalando que el decreto “incide sobre el núcleo esencial de libertades fundamentales”. La principal preocupación es la figura del “fermo preventivo”, que permite a la policía detener a personas hasta por 12 horas basándose solo en indicios o “estados de hecho”, sin justificación formal, lo que podría vulnerar el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y abrir espacios a abusos.
Tensiones políticas internas y efectos sociales
Dentro de la coalición de gobierno, la Liga y Fratelli d’Italia compitieron por endurecer aún más las medidas, proponiendo restricciones en desalojos y limitaciones en indemnizaciones para familiares de víctimas de delitos, lo que generó debates sobre la constitucionalidad de estas normas. Finalmente, esas propuestas se suavizaron para garantizar el apoyo parlamentario.
El decreto se aprobó justo antes del 25 de abril, aniversario de la Liberación de Italia, fecha simbólica que para organizaciones civiles representa un momento para defender derechos y libertades, no para restringirlos. Por ello, algunas agrupaciones advierten que este paquete legislativo criminaliza la pobreza y la disidencia en un contexto de creciente desigualdad social.
El proceso parlamentario avanza ahora en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya anunció bloqueos y protestas.
Este nuevo decreto de seguridad se suma a una tendencia global donde gobiernos buscan equilibrar el orden público con los derechos ciudadanos, en un momento de crecientes tensiones sociales. La evolución de esta ley será clave para entender el rumbo político y social de Italia en los próximos meses.
Para más información sobre derechos humanos y libertades civiles, se puede consultar la página oficial del Consejo Europeo de Derechos Humanos.
