Keiko Fujimori oficializa Secretaría Estratégica Presidencial con cuestionamientos sobre su alcance
El Poder Ejecutivo formalizó la creación de una nueva Secretaría que concentrará funciones clave desde la Presidencia, en medio de críticas por la falta de mecanismos de control.
El Gobierno de Keiko Fujimori dio un paso más en la reconfiguración del Poder Ejecutivo con la oficialización, mediante el Decreto Supremo N.° 122-2026, de la Secretaría Estratégica Presidencial. Esta dependencia, adscrita directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tendrá a su cargo la coordinación de la agenda de Gobierno, la articulación de políticas públicas y el seguimiento de prioridades establecidas por el Ejecutivo.
Según el decreto, la Secretaría podrá exigir información y acceso a datos a cualquier ministerio, organismo público, gobierno regional o local, con responsabilidad legal para quienes incumplan. Además, tendrá a su cargo la asesoría en comunicación estratégica, la coordinación del despliegue territorial de la presidenta y el apoyo en temas de destrabe administrativo y transformación digital. En la práctica, su función se superpone con las atribuciones tradicionales de la PCM, generando un traslado de poder hacia la Presidencia.
Entre los nombres vinculados a esta nueva oficina destaca José Chlimper, empresario y exministro de Agricultura, conocido por su cercanía a Fuerza Popular y vinculado a investigaciones relacionadas con el caso Lava Jato. La presidenta Fujimori confirmó que Chlimper formará parte de un equipo reducido de entre cinco y seis profesionales que colaborarán ad honorem en esta Secretaría. Otros posibles integrantes mencionados incluyen a Ana Herz y Héctor Flores León, también con vínculos al fujimorismo, aunque hasta ahora sin confirmación oficial.
El decreto no contempla mecanismos claros de supervisión ni rendición de cuentas para esta Secretaría, lo que ha generado preocupación entre especialistas. Gerardo Távara, abogado y analista político, advirtió que esta instancia podría funcionar como un “minigabinete” que elude los controles parlamentarios a los que están sujetos los ministros. “Se busca reducir responsabilidades y atribuciones de la PCM para otorgarlas directamente a la Presidencia, lo que puede exceder los límites constitucionales”, señaló.
Martín Ueda, politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, cuestionó la falta de transparencia y los riesgos de concentración de poder en un órgano con funciones decisorias que no rinden cuentas claras a la ciudadanía ni a otros órganos del Estado. “Esta Secretaría no solo influirá en el diseño y seguimiento de políticas públicas, sino que podría restar capacidad de decisión a otras entidades independientes. En el Perú, la ausencia de controles puede derivar en prácticas poco transparentes”, advirtió.
La creación de esta Secretaría llega en un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos al Gobierno de Fujimori, cuyo primer año ha estado marcado por polémicas tanto en materia de seguridad como en reformas educativas, como el reciente anuncio de modificar la currícula escolar para eliminar “ideologías” según la propia presidenta (Plan Nacional de Educación). Además, la instauración de esta oficina coincide con debates sobre el equilibrio de poderes y la necesidad de garantizar transparencia en la gestión pública, aspectos centrales para la democracia peruana (Constitución Política del Perú).
El nuevo órgano también contempla la creación de una Comisión Consultiva para el Despacho Presidencial y una Oficina General de Difusión y Prensa, ampliando la estructura administrativa alrededor de la Presidencia. Sin embargo, el diseño normativo evita detallar cómo se fiscalizarán sus acciones, lo que alimenta el debate sobre la concentración y el manejo político en el Ejecutivo.
Este movimiento no es aislado en la región, donde gobiernos han buscado fortalecer oficinas estratégicas para coordinar agendas, pero el factor crítico siempre es la transparencia y el respeto a los controles institucionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda que las instituciones públicas cuenten con sistemas claros de rendición de cuentas para evitar abusos de poder y garantizar la efectividad de las políticas (OCDE sobre gobernanza pública).
La Secretaría Estratégica Presidencial comenzará a operar con un equipo reducido que, según la presidenta, no será parte formal del funcionariado público, pero tendrá acceso permanente a información clave del Estado. La experiencia de sus integrantes y su cercanía política generan expectativa y desconfianza en diferentes sectores, que exigen mayor claridad sobre su alcance y límites.
La consolidación de esta Secretaría implica un rediseño del poder dentro del Ejecutivo que podría modificar el equilibrio tradicional entre la Presidencia y el Consejo de Ministros, un aspecto que el Congreso y la sociedad civil seguirán de cerca en los próximos meses.
