Keiko Fujimori despliega militares para reforzar la seguridad en cárceles peruanas
El gobierno de Keiko Fujimori ha iniciado un despliegue militar en tres prisiones del país, en un intento por frenar el control de bandas criminales desde el interior de los penales.
Desde el domingo, efectivos del Ejército custodian los perímetros de las cárceles Ancón I y Miguel Castro Castro, en Lima, así como la prisión de Trujillo, una región afectada por el crimen organizado y la minería ilegal. Estas medidas responden a la declaración de emergencia en estos centros penitenciarios, donde el hacinamiento multiplica las vulnerabilidades. Perú alberga a más de 100.000 internos en 69 cárceles con capacidad para unos 40.000, una situación que facilita la continuidad de actividades ilícitas desde el encierro.
El gobierno también ha extendido la emergencia a los penales de Cochamarca y Challapalca, este último ubicado a 4.600 metros sobre el nivel del mar en Tacna, considerado de máxima seguridad. Sin embargo, informes recientes de la Contraloría han detectado graves deficiencias en infraestructura y equipamiento, como escáneres averiados, fallos en la videovigilancia y problemas en las torres de vigilancia e iluminación, factores que complican el control y aumentan los riesgos de violencia.
Ante este panorama, Fujimori ha solicitado al Congreso facultades legislativas por 120 días para implementar reformas profundas en el sistema penitenciario. Entre ellas destaca la incorporación del trabajo penitenciario como parte del régimen de los internos y la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, tal como refleja la reciente designación del general César Astudillo como ministro del Interior y del coronel Abraham Lescano al frente del Instituto Nacional Penitenciario.
El plan del Ejecutivo busca, en última instancia, reducir la influencia de las organizaciones criminales que operan desde las cárceles, una problemática que afecta la estabilidad social y la lucha contra el crimen organizado en el país. Esta estrategia se enmarca en un contexto donde el sistema penitenciario peruano enfrenta años de sobrepoblación y falta de recursos, situación que la Contraloría General de la República ha señalado como crítica para la seguridad pública.
La intervención militar en penales peruanos es una medida que ha generado debate en la sociedad, pues abre la discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y la necesidad de reformas estructurales que atiendan las causas profundas del crimen y la violencia. Fujimori, quien asumió la presidencia con la promesa de fortalecer la lucha contra el delito, enfrenta ahora el desafío de equilibrar el orden y el respeto a los derechos humanos en un sistema penitenciario colapsado.
El sistema penitenciario en Perú ha sido objeto de preocupación internacional, dado su impacto en la estabilidad social y la seguridad ciudadana. La UNODC y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han recomendado en diversas ocasiones mejorar las condiciones carcelarias para reducir la reincidencia y la influencia del crimen organizado dentro de las prisiones.
La reciente actuación del gobierno de Fujimori refleja un intento de dar respuesta rápida a una crisis que afecta no solo a los internos, sino a toda la sociedad peruana, en un momento en que la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los temas prioritarios para el país.
Image Source: https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/keiko-fujimori-pone-marcha-plan-reformar-carceles-peru/
