El vicepresidente de Bolivia se deslinda del Gobierno y se asume como oposición
Bolivia
La relación entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su vicepresidente, Edmand Lara, quedó virtualmente fracturada a pocas semanas del inicio del mandato. Desde el día siguiente a la investidura, el pasado 8 de noviembre, Lara ha cuestionado de forma sistemática las principales decisiones del Ejecutivo, hasta declararse abiertamente en la oposición.
El quiebre se explicitó esta semana a través de un video difundido por el propio vicepresidente en TikTok, plataforma desde la que construyó su proyección pública. “Hay gente que dice que ya no soy parte del Gobierno y soy oposición. Cuánta razón. Soy oposición, pero constructiva”, afirmó. Paz, en contraste, ha evitado referirse a una ruptura formal y ha respondido con cautela a los ataques, pese a que en los últimos días Lara lo ha calificado de mentiroso, corrupto y títere.
El punto de mayor tensión es el decreto 5503, que declara la emergencia económica y elimina la subvención a los combustibles. Lara intentó sin éxito frenar la medida desde el Parlamento, que preside por mandato constitucional, y reforzó sus críticas en un mensaje navideño difundido en redes sociales. Allí acusó al Gobierno de favorecer a los sectores más ricos y calificó la norma como un “decreto del hambre y del desempleo”.
La eliminación del subsidio al diésel —insumo clave del aparato productivo— elevó su precio en más de 160%, con un impacto directo en la canasta básica. El aumento detonó protestas sociales en distintos puntos del país, movilizaciones que el vicepresidente ha respaldado públicamente.
La ruptura no tomó por sorpresa a la opinión pública. El binomio Paz–Lara se conformó de manera improvisada, luego de que el candidato original a la vicepresidencia renunciara a la contienda electoral de agosto. Lara, entonces aspirante a diputado, ocupó el lugar a último momento. Expolicía, ganó notoriedad denunciando supuestos casos de corrupción dentro de la institución, lo que derivó en su expulsión. Antes de sumarse a la fórmula presidencial, había intentado competir con un partido propio, sin éxito por obstáculos administrativos.
Desde el inicio de su carrera política, Lara construyó un discurso centrado en su origen popular y en la reivindicación de los sectores más vulnerables. Para el analista político y exviceministro Diego Ayo, el vicepresidente capitaliza el malestar social generado por el decreto 5503 para ganar visibilidad. Sin embargo, advierte que se apoya en una narrativa que no le pertenece: “Se está montando en un hilo conductor que es del evismo. Un modelo desgastado, cercano a su quiebre definitivo”.
Ayo describe a Paz como un “estadista reformador” y a Lara como un “liderazgo caudillista con capacidad de movilización”, inscrito en una lógica de polarización social que ha marcado las últimas dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). La escritora y comunicadora aimara Quya Reyna coincide en que el conflicto refleja el choque entre dos estilos de poder: un Ejecutivo de perfil tecnocrático frente a un vicepresidente que apela al discurso popular, pero que ha sido relegado dentro de la estructura gubernamental.
Paz proviene de una familia con larga trayectoria política. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro. Ha sido concejal, senador y alcalde. Lara, en cambio, carece de experiencia institucional y se presentó como la figura disruptiva del proceso electoral. Según Reyna, mientras el presidente busca alianzas que le aseguren gobernabilidad, el vicepresidente intenta acumular poder desde la confrontación, sin una estructura sólida que lo respalde.
Las tensiones comenzaron con la designación del gabinete, integrado en buena parte por exfuncionarios de la etapa neoliberal. La única cartera propuesta por Lara, la de Justicia, fue eliminada tras la polémica por el nombramiento de su titular, Freddy Vidovic, condenado por corrupción en 2015. Desde entonces, el vicepresidente acusó al presidente de rodearse de figuras cuestionadas y de responder a intereses empresariales.
El conflicto se profundizó con la reasignación de funciones legislativas al Ministerio de la Presidencia, encabezado por José Luis Lupo, una decisión que Lara calificó de inconstitucional. Sus aliados hablaron de un “golpe a la vicepresidencia” y promovieron protestas callejeras.
Lara intenta ahora articular a los sectores descontentos y al histórico bloque nacional popular. No obstante, analistas y comunicadores advierten que su figura genera más polémica que cohesión, por episodios que han erosionado su credibilidad pública. En ese escenario, la disputa entre el presidente y su vicepresidente abre un frente de inestabilidad política en los primeros meses de gestión y deja al oficialismo fragmentado frente a un contexto económico y social adverso.
Fuente: El País
