La Asamblea Nacional aprobó este martes con 88 votos una reforma que endurece las penas contra quienes recluten a menores de edad para integrarlos en bandas criminales, elevando la condena máxima hasta 26 años de cárcel. La iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo y respaldada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), busca fortalecer la lucha contra la criminalidad que afecta a la infancia y adolescencia del país.
Durante el debate, la legisladora Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia y miembro de ADN, alertó sobre la gravedad del problema. En lo que va del año, más de 2.000 niños y adolescentes han sido aislados por su participación en actividades delictivas, una cifra que refleja la vulnerabilidad creciente en varias regiones. La propuesta modifica artículos clave del Código Orgánico Integral Penal (COIP), aumentando las penas para los adultos que involucren a menores en delitos de entre 10 a 13 años, hasta un rango de 22 a 26 años en casos graves.
Además de la ampliación de las sanciones, la reforma incluye medidas para combatir el reclutamiento en el entorno digital. Se faculta a las autoridades judiciales para ordenar bloqueos temporales y dinámicos de direcciones IP, dominios y URLs donde se difunda contenido que promocione el reclutamiento o la apología del delito, principalmente en redes sociales. Esta disposición genera controversia, pues implica un control más estricto sobre el acceso a plataformas digitales, en un contexto donde la regulación de internet es motivo de debate en varios países.
El proyecto también asigna a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la responsabilidad de retirar grafitis o símbolos relacionados con bandas criminales cerca de los centros educativos y prohibir eventos públicos que glorifiquen la delincuencia. Estas medidas buscan crear entornos más seguros para la infancia y desalentar la influencia de estas organizaciones en espacios comunitarios.
Sin embargo, la iniciativa no contó con consenso total. La bancada de Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora, calificó algunas medidas como “populismo penal” y cuestionó la efectividad del bloqueo temporal de IP. Propusieron, en cambio, restringir el acceso a redes sociales para menores de 15 años y responsabilizar a las operadoras telefónicas por el control de contenido, además de rechazar sanciones a padres en zonas rurales, argumentando las dificultades socioeconómicas que enfrentan. La oposición condicionó su voto a la incorporación de observaciones técnicas y mecanismos de supervisión durante la implementación.
Para que la reforma entre en vigor, debe ser ratificada con al menos 77 votos en el Pleno y posteriormente ser promulgada por el Ejecutivo. La aprobación refleja la urgencia del Legislativo por responder a la escalada del crimen organizado que, según reportes de organismos internacionales como UNICEF, afecta a miles de menores en América Latina, un fenómeno que preocupa a gobiernos y organizaciones globales dedicadas a la protección de la niñez UNICEF.
El endurecimiento de las penas y el uso de herramientas digitales para frenar el reclutamiento de menores se suman a otras estrategias regionales para enfrentar el crimen organizado, que en Ecuador ha aumentado la incidencia de sicariatos y violencia urbana, afectando la seguridad ciudadana y el desarrollo social. La propuesta busca un equilibrio entre sanción penal y prevención, aunque suscita un debate sobre derechos digitales y responsabilidad social.
Esta legislación se inserta en un contexto en el que Ecuador enfrenta retos complejos en materia de seguridad pública, con la necesidad de proteger especialmente a los grupos más vulnerables. La coordinación entre instituciones estatales, locales y organismos internacionales será clave para su aplicación efectiva y para garantizar que las nuevas normas contribuyan a la reducción del reclutamiento infantil en las redes delictivas, un problema que impacta no solo en la seguridad, sino también en el futuro de miles de jóvenes.
Para mayor información sobre el marco legal y la protección de la infancia en Ecuador, puede consultarse la normativa vigente en el portal oficial del Gobierno gob.mx y las recomendaciones internacionales sobre derechos de la niñez y adolescencia en la UNICEF y la UNESCO.
