Aprueban en Ecuador polémica ley para reforzar vigilancia digital
Ley orgánica de ciberseguridad genera debate sobre privacidad y control estatal
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes 11 de febrero de 2026 la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, propuesta por el presidente Daniel Noboa y respaldada inicialmente por el Ministerio de Telecomunicaciones. La normativa busca reforzar la vigilancia digital y proteger infraestructuras críticas, pero ha generado críticas por posibles vulneraciones a la privacidad y el riesgo de controlar a opositores políticos.
Contexto y objetivos de la ley
El gobierno ecuatoriano impulsa esta ley con el argumento de prevenir delitos digitales y fortalecer la seguridad en el comercio legal, especialmente en la supervisión aduanera. Según el proyecto, se busca perfilar más del 90% de las declaraciones aduaneras para reducir riesgos en importaciones y exportaciones.
Esta iniciativa está ligada a un contrato vigente desde mayo de 2025 con la empresa estadounidense Palantir Technologies, especializada en análisis de datos para agencias gubernamentales y de seguridad. Palantir participa en la identificación en tiempo real de redes de contrabando y amenazas, lo que ha generado desconfianza por su historial como contratista de la CIA y la NSA.
Críticas y preocupaciones por la vigilancia
Diversos grupos políticos y organizaciones defensoras de derechos civiles han alertado sobre los peligros que implica esta ley. Señalan que el uso de tecnología de Palantir podría facilitar una vigilancia masiva bajo el pretexto de la seguridad nacional, afectando especialmente a opositores y periodistas.
En el debate legislativo, se destacó la amenaza a la privacidad de los ciudadanos, recordando que en episodios recientes de protestas indígenas y sociales (junio de 2022 y septiembre de 2025) ya se reportaron interceptaciones de comunicaciones y bloqueos en zonas de conflicto. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha denunciado internacionalmente estas prácticas, que ponen en riesgo derechos constitucionales como la protección de datos personales.
Reacciones oficiales y perspectivas
El Ministerio de Telecomunicaciones ha señalado que la ley será complementada con la Política Nacional y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, actualmente en actualización, para garantizar una visión integral del ecosistema digital y coherencia normativa.
Sin embargo, persiste la preocupación sobre la concentración de poder estatal en el área de telecomunicaciones y la posible utilización política de la legislación para limitar la libertad de expresión y obstaculizar investigaciones periodísticas.
Para más información sobre las políticas de ciberseguridad y derechos digitales, se puede consultar la página oficial del Gobierno de Ecuador.
La aprobación de esta ley refleja un creciente debate global sobre el equilibrio entre seguridad y derechos digitales, en un contexto donde la tecnología avanza rápidamente y las democracias enfrentan nuevos desafíos en la protección de la privacidad ciudadana.
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