Corte Constitucional suspende emergencia económica decretada por Petro
Colombia
La Corte Constitucional de Colombia ordenó la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro con el objetivo de obtener 11 billones de pesos (unos 3.000 millones de dólares) para cubrir parte del presupuesto de 2026.
Con esta determinación, el alto tribunal frena de manera temporal la aplicación de las medidas extraordinarias contempladas en el estado de excepción, hasta que emita un fallo definitivo sobre la legalidad de la declaratoria.
La emergencia había sido anunciada a finales del año pasado, luego de que el Congreso rechazara una reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscaba recaudar 16,3 billones de pesos. El revés legislativo se produjo en un contexto de creciente presión sobre las finanzas públicas del país.
El presupuesto aprobado para 2026 asciende a 546,9 billones de pesos (149.182,8 millones de dólares), una cifra que, según el Gobierno, no cubre las necesidades fiscales. Ante la negativa del Congreso de avalar nuevos impuestos, el Ejecutivo optó por acudir a la figura constitucional que le permite expedir decretos con fuerza de ley sin trámite previo en el Legislativo.
Entre las medidas previstas se encontraban incrementos tributarios al licor, los cigarrillos, la extracción de petróleo y carbón, los juegos de suerte y azar, así como un aumento del impuesto al patrimonio dirigido a los contribuyentes de mayores ingresos.
El deterioro fiscal de la cuarta economía de América Latina llevó en junio pasado a la suspensión de la regla fiscal. El Ministerio de Hacienda elevó entonces la meta de déficit para 2025 al 7,1% del PIB, frente al 5,1% inicialmente proyectado. En paralelo, las agencias Moody’s, S&P y Fitch rebajaron la calificación soberana del país.
Previo a la decisión judicial, el presidente Petro advirtió que una eventual suspensión de la emergencia podría encarecer el costo de la deuda pública. Tras conocerse el fallo provisional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la determinación y sostuvo en la red social X que la medida favorece a los sectores de mayores ingresos.
La Corte deberá ahora pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, en un escenario de alta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo por el rumbo de la política fiscal.
Fuente: Reuters
