Corte Constitucional inicia estudio sobre nueva emergencia económica en Colombia
El Gobierno nacional declara estado de emergencia en varios departamentos afectados por lluvias intensas
La Corte Constitucional de Colombia comenzó a estudiar el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país. Esta medida, motivada por lluvias atípicas que causaron graves daños y pérdidas humanas, estará vigente por 30 días mientras se revisa su constitucionalidad.
Análisis jurídico del decreto
El decreto fue recibido formalmente por la Corte Constitucional y asignado al magistrado Miguel Polo Rosero, encargado de liderar el análisis sobre si la norma cumple con los criterios establecidos en la Constitución colombiana. Este proceso es obligatorio para validar las facultades extraordinarias que el Ejecutivo invoca para atender crisis excepcionales.
El magistrado analizará tanto los requisitos formales como materiales del decreto, evaluando la justificación de la emergencia, la necesidad de la medida y su proporcionalidad, aspectos clave para garantizar el respeto al Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales.
Contexto de la emergencia y alcance territorial
El Gobierno atribuye la declaratoria a un fenómeno climático inusual, un frente frío que generó lluvias entre un 130 % y 180 % superiores a los promedios históricos. Según datos oficiales, 252,233 personas y 69,235 familias resultaron damnificadas, con un saldo de 10 fallecidos.
Los departamentos afectados por la emergencia son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Durante los próximos días se esperan decretos adicionales con medidas específicas para la gestión del recaudo y atención a las zonas afectadas.
Aunque la Corte evalúa la constitucionalidad, el decreto mantiene su vigencia y aplicación, salvo que se emita una suspensión provisional. Este mecanismo forma parte del sistema de pesos y contrapesos que asegura el control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo en situaciones extraordinarias.
Para mayor información sobre el marco legal y procesos constitucionales en Colombia, puede consultarse el portal oficial del Gobierno.
Este análisis busca garantizar que las medidas adoptadas para atender la crisis climática cumplan con las normas constitucionales y que se protejan los derechos de la población afectada. La decisión final de la Corte Constitucional será determinante para la continuidad o modificación de esta emergencia.
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