Chile: Acuerdo transversal endurece sanciones y prohíbe el espionaje político en ley de inteligencia
Chile
En un hecho inédito por su amplitud política, parlamentarios desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano respaldaron una indicación que prohíbe expresamente el espionaje político y establece duras sanciones penales dentro de la reforma al Sistema de Inteligencia del Estado.
La definición se concretó hacia el cierre de la extensa sesión de la comisión mixta encargada de destrabar el proyecto, instancia presidida por el senador Javier Macaya (UDI). La indicación fue impulsada inicialmente por el diputado Jorge Brito (FA) y terminó concitando el respaldo del gobierno y de senadores de Renovación Nacional.
La propuesta se fue consolidando a partir de gestiones reservadas entre parlamentarios, en un contexto marcado por la desconfianza histórica que generan las prácticas de inteligencia con eventuales fines políticos. A la iniciativa de Brito se sumaron, de manera paralela, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y posteriormente el Ejecutivo, que recogió la idea y la formalizó jurídicamente.
El texto final fue redactado por el equipo del Ministerio del Interior y logró una adhesión casi unánime en la comisión, incluyendo a representantes de Evópoli, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Amarillos e independientes de RN. Incluso el diputado Luis Sánchez (Republicano), sin firmar la enmienda, votó a favor de la norma.
La disposición establece que ningún funcionario de los organismos que integran el sistema de inteligencia podrá ejecutar acciones con fines políticos, partidistas, electorales o de intervención en la deliberación democrática. El incumplimiento será sancionado con penas que van desde presidio menor en su grado máximo hasta presidio mayor en su grado mínimo, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El debate se da en medio de un clima de creciente preocupación por el uso de herramientas intrusivas de investigación, tanto desde sectores de izquierda —por la protección de la vida privada— como desde la derecha, que ha manifestado reparos frente a eventuales abusos en nuevas facultades del Estado.
Pese a las resistencias iniciales, especialmente del Partido Republicano, la reforma al sistema de inteligencia avanza hacia su tramo final, luego de que se despejaran los temores sobre un eventual uso político de la nueva institucionalidad.
