El Salvador cumple cinco años desde que el bitcóin fue declarado moneda de curso legal, un experimento que no ha logrado la adopción masiva esperada entre su población. Desde septiembre de 2021, cuando el país centroamericano se convirtió en el primero en el mundo en darle estatus oficial a esta criptomoneda, el uso popular ha sido limitado, a pesar de la apuesta decidida del presidente Nayib Bukele por consolidar el activo digital como pilar de su estrategia económica.
El gobierno salvadoreño impulsó la medida con incentivos como la entrega de un bono inicial en bitcóin equivalente a 30 dólares a ciudadanos mayores de edad, quienes debían usar la billetera digital estatal, Chivo Wallet. Según Bukele, la aplicación alcanzó 2,1 millones de usuarios pocos meses después, pero diversos estudios posteriores indican que el uso real del bitcóin en transacciones diarias ha sido marginal. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana reveló que en 2024 más del 90 % de la población no había utilizado la criptomoneda, y más de tres cuartas partes nunca la habían empleado.
Esta brecha entre la intención gubernamental y la práctica ciudadana ocurre en un contexto de acumulación constante de bitcoines por parte del Estado. Hasta septiembre de 2026, El Salvador posee más de 7.700 monedas, cuyo valor supera los 630 millones de dólares. Sin embargo, las compras estatales de bitcóin se vieron limitadas tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó un préstamo de 1.400 millones de dólares a la reducción del uso de fondos públicos para adquirir criptomonedas.
La directora de la Oficina Nacional de Bitcóin, Stacy Herbert, confirmó que el bitcóin seguirá siendo moneda de curso legal, pero con un papel más discreto, relegado a inversiones del sector privado y sin la obligatoriedad de usar la billetera estatal. Este ajuste refleja las presiones externas y la realidad local, donde el entusiasmo inicial no se tradujo en una adopción amplia.
El Salvador no solo legalizó el bitcóin, sino que también promovió un marco regulatorio pionero en la región para la transacción de activos digitales, buscando atraer inversión y estimular sectores como el turismo. Expertos como Fabián Delgado, de la plataforma Bitfinex, destacan que este marco regulatorio ha generado confianza entre empresas e inversionistas, posicionando al país como referente en América Latina, una región que lidera la expansión de la economía digital con un crecimiento superior al de Estados Unidos en usuarios activos.
El experimento salvadoreño ha puesto en primer plano los desafíos de integrar criptomonedas en economías tradicionales, en un momento en que organismos internacionales como el FMI mantienen cautela ante su uso masivo. La experiencia muestra que, más allá de la voluntad política, el éxito de estas medidas depende de la aceptación social y la estabilidad financiera. Para un país con una economía basada en remesas y vulnerable a fluctuaciones externas, el balance entre innovación y prudencia sigue siendo un reto clave.
El contexto global de adopción de criptomonedas examina también las recomendaciones de organismos como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que enfatizan la necesidad de regulaciones claras y supervisión para evitar riesgos financieros y proteger a los consumidores. En este sentido, El Salvador continúa siendo un caso de estudio relevante para gobiernos y expertos en finanzas digitales.
La apuesta de Bukele por el bitcóin, aunque limitada en su uso cotidiano, ha transformado la percepción sobre la moneda digital en la región y ha abierto nuevos debates sobre el futuro de las finanzas públicas y la inclusión económica en países en desarrollo. Sin embargo, la verdadera prueba será si esta estrategia logra, a mediano plazo, traducirse en beneficios tangibles para la mayoría de sus ciudadanos.
