El informe que sí veríamos | Helios Ruíz
Por: Helios Ruíz
Haga la prueba. Pregúntele a cualquier persona de su entorno, alguien que no trabaje en política ni en medios, qué dijo su alcalde o su gobernador en el último informe de labores. No qué opina: qué dijo. En la enorme mayoría de los casos la respuesta será un silencio incómodo, seguido de una sonrisa. Y esa respuesta, repetida millones de veces en toda América Latina, es el diagnóstico más honesto que existe sobre este ejercicio.
Es fácil concluir que a la gente no le interesa la política. Es fácil y es falso. Cuando el acto significa algo, la gente lo mira. En Chile, antes de la Cuenta Pública que el presidente rinde cada 1 de junio ante el Congreso Pleno en Valparaíso, una encuesta de Cadem registró que cincuenta y siete por ciento de los consultados declaraba mucho o bastante interés en seguirla. No es una cifra menor para un discurso institucional de una hora y media. En Argentina, el gobierno trasladó la apertura de sesiones ordinarias del mediodía a las nueve de la noche, en cadena nacional y en horario estelar, con el objetivo explícito de capturar más audiencia. Puede discutirse la decisión, pero detrás de ella hay un reconocimiento que muchos gobiernos todavía no hacen: la atención ciudadana no está garantizada por decreto, hay que ganarla.
Y en Uruguay, al cumplir su primer año de gestión, el presidente Yamandú Orsi se presentó ante la Asamblea General con una frase que debería colgarse en la oficina de cualquier funcionario electo del continente: “rendir cuentas es el ejercicio máximo de la democracia”. Dijo además que no acudía a enumerar acciones sino a reafirmar un rumbo, y ahí está justamente la distinción que casi todos los informes pierden. Enumerar es fácil y no compromete a nada. Explicar un rumbo obliga a decir hacia dónde se va, qué se dejó fuera y qué falta por hacer.
Entonces, ¿cómo sería un informe que la gente sí querría escuchar? No hace falta imaginarlo mucho, porque las respuestas son casi de sentido común.
Empezaría por lo que no salió bien. Nada gana tanta atención como una autoridad que en el primer minuto dice qué prometió, qué no cumplió y por qué. Suena arriesgado, pero es al revés: quien nombra primero sus propias fallas se queda con el control de la conversación, y quien las esconde entrega ese control a sus adversarios. La credibilidad no se construye con perfección, se construye con precisión.
Hablaría en unidades de vida y no en unidades de administración. A nadie le dice nada que se hayan tendido cuatrocientos kilómetros de red hidráulica. A todos les dice algo que el agua ahora llegue cinco días a la semana en lugar de dos. La cifra es la misma; la diferencia es que una habla el idioma del gobierno y la otra habla el idioma del vecino. Traducir no es simplificar, es respetar a quien escucha.
Aceptaría preguntas que no controla. Media hora de discurso y una hora de preguntas de personas reales, no de invitados seleccionados, cambiaría por completo la naturaleza del acto. Y cambiaría también su credibilidad, porque cualquiera entiende la diferencia entre alguien que lee un texto aprobado y alguien que responde de pie a una duda incómoda.
Y duraría menos. Mucho menos. La longitud de un informe suele ser inversamente proporcional a la claridad de su idea central. Cuando un gobierno sabe exactamente qué logró y qué quiere que se recuerde, lo dice en veinte minutos. Cuando no lo sabe, habla dos horas.
Ninguna de estas cosas requiere una ley nueva. Todas requieren algo más difícil: la disposición de una autoridad a exponerse. Y quizá ahí está el punto de fondo. El formato actual no sobrevive porque funcione, sino porque protege. Protege del error, de la pregunta difícil, del silencio incómodo. Pero un gobierno que se protege de sus ciudadanos difícilmente puede pedirles después que confíen en él.
Así que la pregunta queda abierta, y es una pregunta que cada quien puede llevarse a su propia ciudad este septiembre: ¿qué tendría que decir su autoridad para que usted, por voluntad propia, se quedara a escuchar?
