Reformas a la Ley de la Función Judicial regresan a comisión tras primer debate en la Asamblea Nacional
La propuesta oficialista busca fortalecer la justicia en Ecuador, pero enfrenta críticas de la oposición por posible injerencia del Ejecutivo
Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial fueron discutidas el miércoles 27 de mayo de 2026 en la Asamblea Nacional de Ecuador. Aunque el proyecto superó el primer debate, fue devuelto a la Comisión de Justicia para ajustes y un segundo análisis, debido a observaciones sobre la autonomía judicial y la viabilidad de la propuesta. La iniciativa oficialista pretende modernizar el sistema judicial para combatir la corrupción y la desconfianza ciudadana, pero la oposición advierte sobre riesgos de control político en la designación de jueces.
Avances y propuestas clave en la reforma judicial
El oficialismo, liderado por la bancada ADN, plantea una reforma integral que incluye la creación de procedimientos claros para concursos judiciales, la digitalización de expedientes, la reorganización administrativa y la actualización del régimen disciplinario. También se busca transformar la Escuela Judicial y fortalecer los juzgados de paz para mejorar el acceso a la justicia.
Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó la importancia de estas reformas para evitar que los delincuentes se aprovechen de las fallas del sistema, señalando que “es necesario blindar éticamente a los operadores de justicia para que no existan puertas de salida para quienes cometen delitos”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien ha fijado estas reformas como una prioridad en su segundo año de gestión, impulsa que las reglas para la selección de jueces queden establecidas en la ley, eliminando la discrecionalidad del Consejo de la Judicatura.
Críticas de la oposición y desafíos pendientes
Desde la bancada correísta, el asambleísta Roque Ordóñez calificó la propuesta como “demagogia” y cuestionó la falta de financiamiento para la tecnología judicial planteada. Además, denunció la insuficiencia de jueces en el país —faltan alrededor de 800— y la ausencia de recursos básicos para los funcionarios, quienes deben cubrir insumos de oficina con sus propios recursos.
La oposición también alertó sobre la posible intervención del Ejecutivo en la designación de jueces a través del Ministerio de Educación, lo que podría comprometer la independencia judicial.
El proyecto incluye 31 artículos y más de 20 disposiciones transitorias, además de modificaciones a leyes complementarias como el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Próximos pasos y contexto legislativo
Tras superar el primer debate, el texto regresó a la Comisión de Justicia para la elaboración del informe que será presentado en el segundo debate. En esta fase se determinará qué observaciones se incorporan para ajustar la propuesta.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, anunció que durante su segundo año también impulsará reformas al COIP y la creación de una ley para emprendedores, consolidando una agenda legislativa enfocada en fortalecer la institucionalidad y promover el desarrollo.
Para conocer más sobre la función judicial y las reformas en Ecuador, puede consultarse la información oficial en el portal del Gobierno de Ecuador.
El avance de estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial refleja la preocupación del país por mejorar la transparencia y eficiencia en el sistema judicial, aunque persisten diferencias políticas sobre su alcance y efectos. El seguimiento legislativo en las próximas semanas será clave para definir el rumbo de esta iniciativa.
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