Iván Cepeda acusa a Paloma Valencia y Álvaro Uribe de proteger terratenientes y busca defender la jurisdicción agraria
El candidato del Pacto Histórico denuncia que la oposición intenta legalizar el despojo de tierras en Colombia
El 13 de mayo de 2026, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el informe de ponencia de la Jurisdicción Agraria, un proyecto clave del gobierno de Gustavo Petro que pretende crear tribunales especializados para resolver conflictos rurales. En medio de este contexto, el candidato presidencial Iván Cepeda acusó a la senadora Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe de proteger a los grandes terratenientes y criticó sus ataques a la reforma agraria, señalando que buscan “legalizar el despojo” de tierras a campesinos. Cepeda instó a los movimientos sociales y campesinos a defender sus derechos y movilizarse en apoyo a la iniciativa.
Debate sobre la Jurisdicción Agraria y la oposición política
El proyecto de Jurisdicción Agraria avanza tras superar obstáculos legales y la insistencia de los ministerios de Agricultura y Justicia. Sin embargo, enfrenta una carrera contrarreloj para ser aprobado antes del 20 de junio de 2026, fecha límite para evitar su archivo.
Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, ha presentado recursos legales contra la reforma, argumentando que las modificaciones no son adecuadas. En respuesta, Iván Cepeda, durante un evento en Pasto, aseguró que Valencia y Uribe defienden intereses de grandes terratenientes y agroempresarios que, según él, buscan mantener el control económico mediante el despojo de tierras a pequeños cultivadores.
“Señor Uribe, señora Valencia, terratenientes que tienen intereses y que sabemos cuáles son: proteger bandidos, seguir legalizando el despojo. Ha llegado la hora de crear una jurisdicción agraria que defienda y proteja al pueblo colombiano y resuelva pacíficamente los litigios de la tierra”, expresó Cepeda.
Postura y advertencias de la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el proyecto en un momento de alta polarización en Colombia por la reforma rural y la distribución de la tierra. El máximo tribunal enfatizó la necesidad de un control judicial especializado en procesos relacionados con la propiedad y adjudicación de terrenos, reafirmando que estos no deben ser tratados exclusivamente como procedimientos administrativos.
En particular, la Corte advirtió que los procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, revocatoria de adjudicaciones o reversión de tierras requieren un control judicial pleno y oportuno, para garantizar la protección efectiva de los derechos agrarios.
Además, recomendó coordinar las competencias de las instituciones involucradas para evitar interpretaciones contradictorias en materia agraria y garantizar la coherencia en la política pública.
Para más detalles sobre la estructura judicial en Colombia, se puede consultar la página oficial del Gobierno de Colombia.
La discusión sobre la Jurisdicción Agraria refleja la complejidad y la tensión que existe en torno a la reforma rural, un tema central en la agenda política y social del país. Mientras el gobierno impulsa cambios para proteger a campesinos y comunidades vulnerables, la oposición plantea cuestionamientos legales que mantienen abierto el debate sobre el futuro de la tenencia de la tierra en Colombia.
