Seguridad ciudadana en debate presidencial: propuestas podrían ir contra derechos humanos y la Constitución
Ex viceministro del Interior alerta sobre medidas “de mano dura” planteadas por los principales candidatos para las elecciones 2026
En el marco del debate presidencial por las elecciones generales de 2026 en Perú, el ex viceministro del Ministerio del Interior, Ricardo Valdés, advirtió que varias propuestas de seguridad ciudadana presentadas por los cinco candidatos con mayor intención de voto contravienen principios básicos de derechos humanos y la Constitución. Las medidas, inspiradas en modelos punitivos como el de El Salvador, han generado preocupación por su posible impacto en la dignidad y rehabilitación de los internos.
Propuestas de los principales candidatos y sus críticas
Los candidatos más destacados según recientes encuestas del IEP e Ipsos son Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Álvarez (País para Todos), Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). Cada uno ha planteado sus planes para enfrentar la inseguridad, aunque con enfoques y viabilidad muy cuestionados.
Keiko Fujimori y el modelo salvadoreño para prisiones
Fujimori propuso construir un “mega penal” inspirado en el sistema penitenciario de El Salvador, donde los reclusos trabajarían para costear sus alimentos. Además, no descartó la posibilidad de que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH) para recuperar el control de las fronteras.
Ricardo Valdés señaló que esta postura ignora el artículo 1 de la Constitución, que establece el respeto a la dignidad humana como fin supremo. “Seguir un estilo punitivo requeriría modificar la Constitución; de lo contrario, es un retroceso a prácticas de los años 90, como el trabajo forzoso obligatorio para presos”, explicó.
Rafael López Aliaga y la pena de muerte con referéndum
López Aliaga planteó someter a referéndum la pena de muerte para violadores y funcionarios corruptos, y expulsar a extranjeros sin estatus legal desde el primer día de su gobierno, utilizándolos en barcos hacia sus países de origen.
El ex viceministro calificó su plan como uno de los más débiles en seguridad ciudadana. Señaló que la propuesta de expulsión masiva carece de sustento legal y que cada migrante debe ser juzgado conforme a la ley peruana. “Sería importante que estudien la Ley Migratoria, pues no se puede expulsar personas sin un debido proceso”, agregó.
Carlos Álvarez y la pena de muerte sin referéndum
Álvarez, quien ha subido en intención de voto, propuso aplicar la pena de muerte a sicarios capturados en flagrancia y concluir la construcción del mega penal de Ica bajo la modalidad Fast Track.
Valdés calificó la propuesta de pena de muerte como “un absurdo” e ilegal sin la realización previa de un referéndum para modificar la Constitución. Además, aclaró que terminar una obra o agilizar trámites administrativos no son propuestas de gobierno, sino funciones naturales de la gestión pública.
Jorge Nieto y la derogación de leyes pro crimen
El candidato de Buen Gobierno propuso derogar las llamadas “leyes pro crimen” y usar tecnologías como inteligencia artificial y Big Data para el análisis predictivo del delito. También planteó crear una Plataforma Nacional de Análisis Criminal que integre datos de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Valdés recordó que la derogación de leyes debe analizarse detalladamente y que la unificación de datos ya es un mandato pendiente desde hace años, por lo que será un reto su implementación.
Alfonso López Chau y la regulación del examen policial
López Chau planteó que el examen de admisión a la Policía Nacional sea administrado por universidades prestigiosas para combatir la corrupción en los ingresos. Además, ha propuesto al coronel en retiro Harvey Colchado como eventual ministro del Interior.
El ex viceministro consideró eficaz la propuesta del examen, que ya fue aplicada en gobiernos anteriores con buenos resultados. Sobre Colchado, opinó que es un buen elemento, aunque necesita mayor experiencia política y de gestión pública.
Contexto y desafíos para la seguridad ciudadana
Las discusiones sobre seguridad ciudadana en el proceso electoral reflejan un debate complejo entre la necesidad de combatir la delincuencia y el respeto a los derechos humanos y la Constitución peruana. Las propuestas de “mano dura” presentan dilemas legales y éticos que deberán ser analizados con profundidad para garantizar un equilibrio entre justicia y derechos fundamentales.
Para entender cómo las políticas de seguridad deben alinearse con los estándares nacionales e internacionales, el Ministerio del Interior y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofrecen marcos normativos y recomendaciones que pueden consultarse en su página oficial.
Este debate se da en un contexto electoral donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, y las propuestas de los candidatos serán evaluadas por la población en la primera vuelta electoral programada para abril de 2026.
