Entre violencia y discursos inflamatorios: los riesgos en las elecciones de Colombia 2026
El contexto electoral de 2026 en Colombia se complica entre violencia, desinformación y desconfianza política
A pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencia en Colombia, el país enfrenta un escenario marcado por la violencia armada, discursos políticos polarizados y riesgos electorales que amenazan la integridad del proceso democrático. Según reportes recientes, 185 municipios presentan niveles de riesgo extremo, alto y medio debido a la presencia de actores armados, posibles fraudes y agresiones contra liderazgos políticos.
Aumento de riesgos electorales y violencia en territorios clave
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Colombia había mostrado una reducción en los riesgos electorales relacionados con la violencia, pero en 2026 esta tendencia se ha revertido. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó que 185 municipios, distribuidos en departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Bolívar, Chocó, Putumayo y Arauca, enfrentan condiciones que ponen en peligro la libre participación ciudadana.
Un informe de la MOE resalta que esta cifra ha aumentado tras un periodo de descenso: en 2014 se registraron 260 municipios en riesgo, bajando a 131 en 2022, y ahora se vuelve a un incremento preocupante. Este panorama refleja la persistencia de disputas territoriales entre grupos armados ilegales que inciden directamente en la seguridad de candidatas, candidatos y votantes.
Impacto sobre defensores de derechos humanos y candidatos
Entre enero de 2023 y junio de 2025, se documentaron 71 homicidios de personas defensoras de derechos humanos con participación política, además de amenazas y agresiones contra precandidatos y autoridades locales, según datos de la Defensoría del Pueblo. Estas dinámicas afectan los derechos fundamentales y ponen en riesgo la legitimidad y transparencia del proceso electoral.
Discursos políticos polarizados y desinformación: nuevas amenazas para la democracia
Más allá de la violencia física, otro factor que preocupa a expertos es el deterioro del diálogo político. Organizaciones como Movilizatorio han detectado que el lenguaje utilizado en las campañas presidenciales se caracteriza por la polarización y la desconfianza sistémica, que dividen a la sociedad en “nosotros versus ellos”.
Esta narrativa no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también puede normalizar la agresión y justificar la renuncia a derechos humanos bajo la excusa de la seguridad. El uso masivo y desordenado de información en redes sociales alimenta la desinformación, dificultando que la ciudadanía acceda a un debate político informado y responsable.
La Defensoría del Pueblo ha convocado a los precandidatos a firmar un compromiso para garantizar un proceso electoral libre y en paz, un llamado reforzado tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El reto de garantizar elecciones libres en un contexto complejo
A pesar del aumento de riesgos, la MOE subraya la capacidad histórica de Colombia para llevar a cabo votaciones en condiciones adversas. Sin embargo, existen profundas desigualdades en las garantías para votar, especialmente en zonas rurales y periféricas afectadas por la violencia.
El desafío no solo reside en la logística electoral, sino en fortalecer la coordinación institucional y promover un ambiente donde la participación política no se vea condicionada por la violencia o la manipulación informativa. La defensa de la democracia requiere un compromiso conjunto entre autoridades, candidatas, candidatos y ciudadanía para que el voto se ejerza en libertad y seguridad.
Para profundizar sobre los riesgos electorales y medidas de observación, la Misión de Observación Electoral (MOE) ofrece informes detallados que pueden consultarse en su sitio oficial.
Los comicios de 2026 en Colombia representan una prueba para la democracia en un contexto de violencia histórica y polarización creciente. La atención y acción coordinada de todos los actores políticos y sociales serán clave para enfrentar los desafíos y garantizar un proceso electoral legítimo y pacífico.
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