El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este lunes que la detención de ciudadanos venezolanos en El Salvador, tras ser deportados desde Estados Unidos, constituye un “crimen de lesa humanidad”.
Según Saab, estos arrestos representan un “acto de discriminación por ser venezolanos” y una violación del Estatuto de Roma, al que El Salvador está suscrito. “Han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, privados ilegalmente de su libertad y violentados en su integridad física. Todo esto configura delitos que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad”, declaró en una conferencia de prensa.
Por su parte, la administración de Nayib Bukele ha sostenido que los derechos de todos los detenidos son respetados sin distinción de nacionalidad y que su sistema penitenciario opera bajo estándares de seguridad y orden. No obstante, diversas organizaciones internacionales han criticado las condiciones en las cárceles salvadoreñas y han denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos.
Desde el 16 de marzo, más de 200 venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos a El Salvador, donde han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las prisiones más grandes y controvertidas del país, con capacidad para 40.000 reclusos. Las autoridades salvadoreñas, que recibirán US$ 6 millones como parte del acuerdo con Washington, han indicado que estos migrantes permanecerán en el Cecot por un año, con posibilidad de extensión.
Un grupo de abogados contratados por el gobierno de Venezuela ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que revise la legalidad de estas detenciones y ordene la liberación de los venezolanos encarcelados. Sin embargo, ni El Salvador ni Estados Unidos han divulgado información sobre las identidades de los deportados o posibles antecedentes penales.
En respuesta a versiones que vinculan a algunos de los detenidos con la organización criminal Tren de Aragua, Saab aseguró que la banda ha sido desmantelada en Venezuela. “No hay fundamento para señalar a estos ciudadanos con una organización que ha sido desarticulada en nuestro país. Más de 50 de sus principales miembros han sido arrestados en Venezuela, otros neutralizados en enfrentamientos, y hay órdenes de captura y alertas rojas en su contra”, afirmó.
El fiscal general también advirtió que la cifra de venezolanos detenidos en El Salvador podría superar los 250 y que su gobierno continuará presionando para su liberación.
Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta su propia investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad desde noviembre de 2021 en la Corte Penal Internacional (CPI), acusaciones que Caracas rechaza categóricamente. Más recientemente, organismos como la ONU y la OEA han señalado al régimen venezolano por la represión contra manifestantes tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro logró su reelección en medio de denuncias de fraude electoral.
Fuente: CNN
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