Los tribunales federales están actuando como muro de contención ante el avance de las políticas migratorias más duras impulsadas por la nueva Administración Trump. En las últimas semanas, varias decisiones judiciales han frenado temporalmente medidas clave, como la cancelación de protecciones para migrantes venezolanos, la suspensión del financiamiento para la defensa legal de menores indocumentados y las deportaciones aceleradas a terceros países. Detrás de estos frenos se encuentran jueces nombrados durante las presidencias de Joe Biden y Barack Obama, cuyas designaciones hoy cobran una relevancia estratégica.
Una de las decisiones más significativas la tomó la jueza Araceli Martínez-Olguín, con sede en California. La magistrada ordenó una restricción temporal que impide al Gobierno cortar el financiamiento a cientos de organizaciones que ofrecen representación legal a menores migrantes no acompañados. La medida estará vigente al menos hasta el 16 de abril, protegiendo a unos 26.000 niños que quedarían desamparados.
“La continuación del financiamiento garantiza eficiencia y justicia dentro del sistema migratorio”, señaló Martínez-Olguín, una jueza de origen mexicano que fue nominada por el presidente Biden. Su confirmación en el Senado fue posible gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris en febrero de 2023. Martínez-Olguín, egresada de Princeton y Berkeley, es reflejo del impulso que Biden dio a una judicatura más diversa y progresista: de los 228 jueces que nombró, 144 fueron mujeres y un alto porcentaje representan a minorías étnicas.
Estas decisiones judiciales comienzan a marcar el rumbo en el arranque del segundo mandato de Trump, caracterizado por una intensa actividad de decretos ejecutivos que buscan eludir al Congreso. Aunque esta estrategia ha sido aplaudida por figuras como Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria trumpista, también ha generado preocupación entre juristas y analistas que ven en ella un desequilibrio de poderes.
Miller defendió recientemente este enfoque en Fox News, argumentando que se trata de una “liberación” frente a “burócratas y jueces rebeldes” que han socavado los derechos del pueblo. Sin embargo, los tribunales no han tardado en responder.
En Boston, el juez Brian Murphy, confirmado en diciembre de 2024, bloqueó la política que permitía deportar migrantes a terceros países con los que no tienen vínculos directos. Esta medida, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, buscaba acuerdos con países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua para recibir migrantes expulsados. En su fallo, Murphy subrayó que los migrantes tienen derecho a una “oportunidad significativa” para demostrar ante un juez que el retorno a sus países podría poner sus vidas en riesgo.
Otro fallo relevante llegó desde San Francisco. El juez Edward Chen suspendió la decisión de la Casa Blanca de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos. Esta protección había sido renovada por Biden antes de dejar el cargo y debía expirar este 7 de abril. En su resolución, Chen señaló que el Gobierno “no ha demostrado un daño significativo” por mantener vigente el TPS.
Mientras tanto, el caso del salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, deportado erróneamente y ahora preso en su país de origen, ha escalado hasta el despacho de la jueza Paula Xinis en Maryland, nominada por Obama en 2015. Xinis ha exigido al Gobierno que lo regrese a EE.UU., pero la Casa Blanca se ha mostrado renuente, generando un conflicto legal en desarrollo.
El ejemplo más resonante hasta ahora ha sido el del juez James Boasberg, quien bloqueó deportaciones exprés basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, una norma invocada por la actual Administración para justificar la expulsión inmediata de ciertos migrantes.
En conjunto, estos fallos evidencian que los nombramientos judiciales de Biden y Obama no solo cambiaron el rostro de la judicatura federal, sino que ahora son pieza clave en la resistencia legal a la agenda migratoria más restrictiva de Estados Unidos. En un escenario político cada vez más polarizado, los jueces federales se están convirtiendo en protagonistas inesperados del debate migratorio.
Fuente: El País
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