Una comisión de la Asamblea Legislativa ha dado un paso importante al aprobar un proyecto de ley que cambiaría la forma en que se financia la pauta electoral en Costa Rica. La iniciativa propone un modelo en el cual los partidos políticos podrían acceder a recursos adelantados de la contribución estatal para financiar la pauta publicitaria en medios como radio, televisión y plataformas digitales durante las campañas electorales.
El proyecto, identificado con el número 24.346, fue aprobado con el respaldo de cuatro votos a favor y uno en contra por parte de la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral. El único voto en contra provino del diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien calificó la propuesta como intervencionista, debido al rol que se asignaría al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como intermediario entre los partidos políticos y los medios de comunicación contratados para la publicidad.
El impulso a esta reforma proviene de Antonio Ortega, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), quien defendió la iniciativa al asegurar que no existe una intervención por parte del TSE. Según Ortega, son los propios partidos quienes decidirían los montos, medios y fechas para pautar la publicidad.
Ortega también subrayó que esta reforma responde a observaciones recurrentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la desigualdad en el acceso a la publicidad electoral y recordó las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la necesidad de garantizar la equidad en las campañas.
El proyecto de ley modifica el artículo 96 del Código Electoral. Una de las principales modificaciones es la reducción del porcentaje de financiamiento anticipado que los partidos pueden recibir de un 15% a un 10% de la contribución estatal. De este adelanto, el 80% será administrado por el TSE para la compra de pauta publicitaria en empresas de medios de comunicación nacionales, incluyendo televisión, radio y prensa digital.
De este 80%, el 50% se distribuiría proporcionalmente entre los partidos con representación en la Asamblea Legislativa. El 45% se repartiría equitativamente entre todos los partidos nacionales que presenten candidaturas presidenciales, vicepresidenciales y para diputados. El restante 5% se destinaría de manera igualitaria entre los partidos provinciales que tengan candidatos a diputados.
El 20% restante podría ser recibido directamente por los partidos políticos, siempre que presenten garantías líquidas suficientes.
La propuesta también ha sido respaldada por Andrei Cambronero, abogado del TSE, quien explicó que los recursos deben ser gestionados por el ente electoral debido a que los fondos adelantados para la publicidad no estarían sujetos a caución. Es decir, no se requerirían garantías adicionales para acceder a estos fondos.
Cambronero recordó que la jurisprudencia de la Sala Constitucional establece que los adelantos de recursos públicos deben ser caucionados, lo que impide que muchos partidos accedan a estos fondos. Sin embargo, el TSE administraría los recursos sin la necesidad de garantías, lo que facilitaría su acceso a los partidos políticos.
El diputado Gilberto Campos del PLP ha sido uno de los críticos más enfáticos de esta propuesta. Según Campos, el proyecto es intervencionista al otorgar al TSE la responsabilidad de contratar la pauta publicitaria en lugar de dejar que los partidos gestionen directamente esos recursos. Para el legislador, esto limita la autonomía de los partidos a la hora de decidir sobre sus estrategias electorales.
Campos también cuestionó el reparto de los recursos, especialmente la distribución desigual entre los partidos provinciales y nacionales. Además, expresó su preocupación por el hecho de que los partidos deberían recurrir al TSE en caso de algún problema con la contratación de la pauta, lo que complicaría la resolución de posibles conflictos.
La reforma busca cerrar la brecha que existe entre los partidos con mayor capacidad financiera y aquellos con menos recursos para acceder a la publicidad electoral. Esta situación ha sido una de las observaciones recurrentes de la Misión de Observación Electoral de la OEA en los procesos electorales desde 2010.
En su informe sobre las elecciones municipales de 2024, la OEA recomendó a Costa Rica adoptar mecanismos que aseguren la equidad en el acceso a los medios de comunicación y la difusión de propaganda electoral. En otros países de América Latina, esta desigualdad se ha abordado mediante la implementación de franjas electorales, espacios en los medios de comunicación otorgados de manera gratuita.
A diferencia de otros países, en Costa Rica, el TSE sería el encargado de contratar la pauta publicitaria, lo que representa un cambio significativo con respecto a los sistemas tradicionales de franjas electorales.
La iniciativa continúa su trámite legislativo, y su futuro dependerá de la discusión y aprobación en los próximos pasos del proceso legislativo.
Fuente: Nación
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