Varios parlamentarios chilenos han enfrentado situaciones legales y polémicas que han eclipsado sus labores en el Congreso. La última en ser afectada es Catalina Pérez, exdiputada del Frente Amplio, quien sufrió un golpe significativo cuando la Corte Suprema confirmó su desafuero en relación al Caso Democracia Viva.
En el caso de Pérez, la Fiscalía sostiene que ella y su círculo cercano idearon una fórmula para obtener recursos estatales con fines políticos a través de la fundación Democracia Viva, vinculada a su entonces pareja, Daniel Andrade. Este escándalo comenzó el 16 de junio de 2023, cuando un medio local reveló tres convenios por $426 millones, autorizados por Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, a favor de la mencionada fundación.
Pérez no es la única diputada en esta situación. La primera en enfrentar un desafuero durante este período legislativo fue María Luisa Cordero (Ind.- RN), quien fue denunciada por la senadora Fabiola Campillai (Ind.) por injurias graves. Tras un proceso de conciliación, la doctora logró regresar a la Cámara de Diputados.
Otro parlamentario desaforado fue Francisco Pulgar (Ind., ex-PDG), quien enfrenta graves acusaciones por abuso sexual y violación de una menor de 14 años. En diciembre de 2024, la Corte Suprema ratificó su desafuero, y actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Mauricio Ojeda (Ind., ex-bancada de Republicanos) también ha sido desaforado en el marco del Caso Convenios. El Ministerio Público lo acusa de fraude al fisco en una operación irregular de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a dos fundaciones. En su caso, tras ser detenido, fue liberado bajo arresto domiciliario con una fianza de $40 millones.
Varios otros parlamentarios, aunque no desaforados, han estado bajo la lupa judicial. Joaquín Lavín León (UDI) se encuentra siendo investigado por su vinculación con un caso de corrupción relacionado con su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La Fiscalía indaga sobre posibles delitos como fraude al Fisco y tráfico de influencias.
Por otro lado, la diputada Consuelo Veloso (FA) protagonizó un escándalo tras colisionar en estado de ebriedad en Viña del Mar. Aunque inicialmente alegó que perseguía a unos asaltantes, un video salió a la luz contradiciendo su versión.
Otro episodio judicial involucra al diputado RN Miguel Mellado, quien en junio de 2023 filtró audios de conversaciones del Presidente Gabriel Boric sobre la violencia en la macrozona sur. Tras un acuerdo con la Fiscalía, Mellado logró suspender su procedimiento judicial por un año, evitando un juicio oral.
Finalmente, Maite Orsini, también del Frente Amplio, ha estado involucrada en una controversia judicial relacionada con su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia, quien enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual. Orsini fue suspendida de su militancia debido a sus acciones en el marco de la investigación.
El analista político Mauricio Morales destaca varios factores que explican esta creciente cantidad de escándalos: “El trabajo de la Fiscalía ha avanzado sin complejos en investigaciones que involucran a políticos; la capacidad de la prensa para investigar y denunciar estos actos; y la falsa sensación de inmunidad que algunos parlamentarios tienen”, afirma.
Asimismo, Morales menciona la mala selección de candidatos, donde la popularidad a veces reemplaza la experiencia política y el conocimiento de la ley.
Para el director del Centro Democracia y Opinión Pública, Marco Moreno, los escándalos evidencian una crisis ética dentro de la clase política. Según él, la fragmentación del sistema de partidos, la mala elección de candidaturas, el escrutinio público creciente y el desprestigio de la política como actividad alejan a personas capacitadas de entrar en el sector.
En definitiva, estos episodios no solo muestran el enfrentamiento de parlamentarios con la justicia, sino también la falta de preparación y criterios en algunos sectores políticos, lo que pone en entredicho la calidad de la representación política en Chile.
Fuente: La Tercera
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