El expresidente costarricense Rodrigo Chaves Robles presionó al exdirector de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Alberto Franco Mejía, para que aprobara el presupuesto del organismo en 2023, pese a que este no contaba con un plan estratégico ni el sustento técnico necesario. Así lo reveló Franco en una declaración ante la Fiscalía, como parte del proceso penal abierto contra Chaves por el presunto delito de concusión.
Franco declaró el pasado 13 de marzo que, durante su gestión como representante ante el BCIE, recibió dos llamadas del entonces mandatario. En una de ellas, Chaves le reclamó por una queja del presidente salvadoreño Nayib Bukele; en la otra, le ordenó directamente aprobar el presupuesto del organismo internacional, a pesar de sus reservas.
El exfuncionario señaló que también recibió un mensaje de WhatsApp del entonces presidente del BCIE, Dante Mossi, con una solicitud similar. Franco explicó que el presupuesto presentaba un aumento considerable respecto a años anteriores, especialmente en rubros operativos, y que no iba acompañado de un plan estratégico ni justificación de sus metas u objetivos.
“Todo el directorio había acordado discutir el tema en otra sesión. Yo tenía muchas reservas. No se explicaban las razones detrás del gasto ni había claridad sobre los fines. Además, el incremento era significativo considerando que veníamos de años de pandemia”, detalló Franco ante el Ministerio Público.
Según relató, la presión de Chaves fue tal que, tras negarse a aprobar el presupuesto en una sesión en Buenos Aires el 3 de noviembre de 2022, recibió una llamada al día siguiente donde el presidente le comunicó su destitución con la frase: “Alberto, no cumpliste lo que te pedí. Estás destituido”.
Franco consideró que el interés de Chaves en que se aprobara el presupuesto obedecía a un afán de no generar tensiones con Mossi ni afectar la relación con el banco. “Me quedó claro que no me querían en el BCIE. Yo actuaba bajo dos lineamientos claros que me dio Nogui Acosta: técnica sólida y finanzas sanas”, afirmó.
La carta de despido fue entregada por el entonces diputado Erwen Masís, quien eventualmente ocupó su lugar en el cargo.
La declaración de Franco forma parte de una causa penal que involucra tanto a Chaves como a su ministro Jorge Rodríguez Vives. Ambos fueron acusados el 7 de abril por supuestamente haber diseñado un esquema para exigirle al empresario Christian Bulgarelli el pago de $32.000 a favor de Federico Cruz, conocido como “Choreco”, amigo personal del expresidente.
El dinero habría provenido de un contrato entre la empresa de Bulgarelli y el BCIE, financiado con una donación de $1 millón otorgada al gobierno costarricense. El contrato, adjudicado por licitación, tenía un valor de $400.000.
El caso se encuentra actualmente en análisis por parte de la Sala III del Poder Judicial, que deberá decidir si se solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de Chaves y Rodríguez para que puedan ser procesados judicialmente.
Fuente: CR Hoy
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