Un grupo de diputados se comprometió a corregir los cambios que ellos mismos introdujeron a un proyecto de ley que originalmente buscaba fortalecer la fiscalización del financiamiento político, pero que terminó por poner en riesgo el sistema de control vigente, al punto de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo calificó como inconstitucional.
Se trata del expediente 23.883, una iniciativa presentada por el TSE con el propósito de facilitar el acceso de los partidos al financiamiento electoral y, al mismo tiempo, fortalecer la supervisión del órgano electoral. Sin embargo, al pasar por la Comisión Especial de Reformas Electorales, presidida por Fabricio Alvarado (Partido Nueva República), el texto sufrió modificaciones que desvirtuaron su intención original.
Entre los cambios más graves está la eliminación de la obligación de reponer de inmediato los libros contables en caso de extravío y la supresión de la presentación mensual de estados financieros durante la campaña electoral. Además, se eliminó la sanción para los partidos que incumplan esa obligación.
El TSE reaccionó de inmediato, advirtiendo que estas reformas no solo eran inconstitucionales, sino que afectaban directamente los principios de transparencia y publicidad del financiamiento partidario. Ante esta objeción, la Asamblea Legislativa solo podrá aprobar el proyecto si reúne una mayoría calificada de 38 votos.
Además, los diputados eliminaron un componente central del proyecto original: un mecanismo de financiamiento público indirecto que buscaba reducir la desigualdad entre partidos. La idea era que el 20% de la contribución estatal se otorgara sin restricciones previas, con la única condición de que el partido participara efectivamente en la elección.
Tras las advertencias del TSE, los legisladores decidieron retrotraer el proyecto para corregir los errores a través de mociones en el plenario. Para lograrlo, aprobaron el proyecto en primer debate el 28 de marzo y días después acordaron regresarlo al trámite anterior.
En el plenario, Fabricio Alvarado declaró que ya se había reunido con la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, y que de ese encuentro surgió una propuesta para enmendar las disposiciones más problemáticas.
“Quiero dejar claro que de esa reunión salió una propuesta que estamos discutiendo con las diferentes fracciones. Que no se diga que aprobamos un proyecto a pesar de las advertencias del Tribunal”, expresó.
No obstante, Alvarado solo se refirió públicamente a las dos modificaciones que el TSE señaló como más delicadas, sin mencionar el tema del financiamiento público indirecto. En entrevista con La Nación, el legislador explicó que ese punto se está negociando por separado, mediante un nuevo expediente legislativo, y que ya existe un consenso avanzado al respecto.
“El TSE puede contar con la comisión para impulsar este instituto. Esperamos dictaminarlo en un plazo no mayor a dos semanas”, afirmó Alvarado.
Fuente: Nación
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