El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha dado un paso significativo en la regulación del financiamiento político mediante criptoactivos al ordenar la creación de un equipo especializado para su vigilancia. Inicialmente, este equipo contará con dos plazas reasignadas, con el objetivo de supervisar el eventual uso de criptomonedas en las campañas electorales.
Según explicó Andrei Cambronero, letrado del TSE, los magistrados han declarado como "alta prioridad" la regulación del financiamiento político con criptoactivos, debido a su creciente utilización en diversos países y los desafíos que representa para los sistemas de control electoral.
El TSE tomó esta decisión a principios de marzo, estableciendo un plan piloto de supervisión para las elecciones generales del 2026, en las que se elegirán al presidente de la República y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.
Desde 2020, el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) ha advertido sobre la necesidad de regular y fiscalizar el uso de criptomonedas y tecnología blockchain en el financiamiento político. En respuesta a esta preocupación, el TSE ha decidido asignar personal específico para analizar y controlar estas transacciones en la medida de lo posible.
"Los criptoactivos presentan particularidades que pueden dificultar la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, es una realidad que ya se observa en procesos electorales a nivel mundial", señaló Cambronero.
Además, el letrado fue designado para establecer un convenio con la Corte Suprema de Justicia con el fin de capacitar al personal que asumirá esta tarea. Según recalcó, en Costa Rica, las donaciones a partidos políticos deben provenir de personas claramente identificables, un principio que podría verse comprometido con el uso de criptomonedas. Por ello, el TSE busca profesionalizar a los funcionarios encargados de esta vigilancia antes de la implementación plena del plan piloto.
Las funciones de este equipo incluirán la identificación de patrones de financiamiento político mediante criptoactivos, la formulación de hipótesis sobre posibles irregularidades y la recopilación, sistematización y análisis de datos en denuncias y registros oficiales.
Con esta medida, el TSE reafirma su compromiso con la transparencia y la regulación del financiamiento electoral, enfrentando de manera proactiva los desafíos que plantea la era digital en los procesos democráticos del país.
Fuente: Nación
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