Estados Unidos
El presidente Donald Trump firmó un decreto este martes que establece un nuevo requisito para que los votantes proporcionen prueba de ciudadanía al registrarse para las elecciones federales. Según sus críticos, esta medida podría dificultar el acceso al voto de ciudadanos de bajos recursos y personas mayores, quienes a menudo no tienen fácil acceso a documentos de ciudadanía, como pasaportes o certificados de nacimiento.
Durante mucho tiempo, los legisladores republicanos han intentado imponer este tipo de requisitos, pero un fallo de la Corte Suprema había impedido que los estados obligaran a los votantes a presentar documentos de ciudadanía al usar el formulario de registro federal, el cual no exige prueba de ciudadanía.
El decreto de Trump instruye a la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. (EAC) para que modifique el formulario de registro federal, incorporando este nuevo requisito. Además, se les retendrán fondos federales a los estados que no implementen el cambio. Actualmente, la EAC está compuesta por dos demócratas y dos republicanos, y su presidente, Donald Palmer, señaló que están revisando el decreto y consultando con funcionarios electorales estatales y locales para determinar los siguientes pasos.
El decreto también ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) colaborar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk para revisar los registros electorales estatales y detectar posibles votantes extranjeros, con la intención de entregar esa información a las autoridades electorales locales.
Esta medida ha generado preocupación entre los defensores de los derechos al voto, quienes alertan que las bases de datos de inmigración del DHS no están adecuadamente equipadas para verificar los registros sin comprometer la integridad de los votantes naturalizados, lo que podría llevar a purgas injustificadas de ciudadanos elegibles.
El decreto refleja un impulso por parte de los conservadores para implementar cambios significativos en las prácticas electorales, aprovechando las acusaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral en 2020. Su impacto completo dependerá de su implementación y podría ser objeto de desafíos legales.
Aunque las elecciones en EE. UU. son gestionadas principalmente por funcionarios estatales y locales, el decreto utiliza diversas tácticas, incluyendo la amenaza de recortes de fondos federales, para incentivar a los estados a adoptar políticas que los republicanos consideran necesarias para garantizar la seguridad electoral. Sin embargo, sus oponentes sostienen que tales cambios crean barreras innecesarias para votantes legítimos.
Richard Hasen, experto en derecho electoral de la UCLA, calificó el decreto como un intento de concentración de poder que podría suprimir el voto de millones de personas. La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, criticó la medida, calificándola de ilegal y señalando que el gobierno de Trump está utilizando el poder federal para dificultar que los votantes ejerzan su derecho.
Por otro lado, la Fundación Heritage, un grupo conservador, respaldó el decreto, argumentando que es un paso necesario para reforzar la integridad electoral. Hans von Spakovsky, de la Iniciativa de Reforma de la Ley Electoral de Heritage, elogió el decreto como una medida que permite que los recursos federales ayuden a los estados en lugar de obstaculizar sus esfuerzos de reforma electoral.
El decreto también facilita que los estados accedan a las bases de datos federales para sus propios fines de mantenimiento de registros electorales. Además, Trump ordenó que se tomen medidas de cumplimiento contra los estados que aceptan boletas por correo después de las elecciones, una práctica que ha sido objeto de controversia y litigios, especialmente en estados clave de cara a las elecciones de 2024.
Fuente: CNN
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