En un movimiento que ha desatado controversia, el expresidente Donald Trump firmó este jueves un decreto que busca reducir significativamente el Departamento de Educación, cumpliendo con una vieja aspiración conservadora de transferir más control a los estados. La medida genera dudas sobre el futuro de millones de estudiantes, padres de familia y titulares de préstamos educativos en todo el país.
El cierre total del Departamento de Educación requeriría una aprobación del Congreso, un escenario improbable dada la actual composición legislativa. Sin embargo, la administración Trump sostiene que su decreto representa un primer paso hacia la descentralización del sistema educativo.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó que el decreto busca "minimizar drásticamente la agencia" sin eliminar funciones esenciales como la administración de préstamos estudiantiles. La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha sido instruida para ejecutar medidas que reduzcan la presencia federal en la educación y devuelvan autoridad a los estados.
A raíz de esta decisión, cerca de la mitad de los empleados del Departamento de Educación han recibido notificaciones de despido. Entre las iniciativas eliminadas se encuentran programas de diversidad, inclusión y protección para estudiantes transgénero. Además, los empleados cesados han recibido instrucciones para recoger sus pertenencias personales en un plazo breve, generando un ambiente de incertidumbre y frustración dentro de la agencia.
El Departamento de Educación maneja fondos esenciales como las Becas Pell y el financiamiento del Título I, dirigido a escuelas de bajos ingresos. Aunque la Casa Blanca aseguró que estos programas seguirán en funcionamiento, expertos advierten que la reducción del departamento podría afectar su gestión y distribución equitativa.
El gobierno ha explorado alternativas para reubicar la supervisión del programa de préstamos estudiantiles en otras agencias, como la Administración de Pequeñas Empresas, aunque hasta ahora no se ha encontrado un sustituto viable. Actualmente, la deuda estudiantil en EE.UU. alcanza los 1.8 billones de dólares, con un 40% de préstamos en mora.
La medida ha sido recibida con fuertes críticas de sindicatos y organizaciones educativas. Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, calificó la decisión como "una amenaza para la educación pública" y advirtió que provocará "clases más grandes, menos recursos para la educación especial y mayores dificultades para acceder a la educación superior".
Por su parte, Trump defendió su postura argumentando que el gobierno federal ha tenido un papel excesivo en la educación y que los estados están mejor posicionados para tomar decisiones en beneficio de los estudiantes. “Espero que Linda McMahon haga un gran trabajo poniendo fin a su propio departamento”, expresó en un evento reciente.
Como muchos decretos impulsados por Trump, se espera que esta orden ejecutiva enfrente impugnaciones legales, lo que podría retrasar o frenar su implementación. Entretanto, el sector educativo sigue en vilo, con padres, estudiantes y maestros preguntándose cuál será el futuro de la educación en Estados Unidos.
Fuente: CNN
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