A días de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), su pleno determinó que la Secretaría Anticorrupción será la encargada de definir el destino de aproximadamente 750 trabajadores, garantizando sus derechos laborales y gestionando posibles indemnizaciones para aquellos que no sean reubicados en la nueva estructura de transparencia que sustituirá al organismo a partir del próximo viernes.
La sesión del pleno, que se reanudará mañana tras entrar en receso la noche de este martes, estuvo marcada por protestas de empleados que demandaban certeza sobre su situación laboral. El debate se centró en los mecanismos de compensación económica para los trabajadores afectados.
Desde hace semanas, el pleno, compuesto por las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara, Julieta del Río Venegas y el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez, ha explorado opciones para indemnizar a su personal, algunos con más de una década en la institución. No obstante, las diferencias internas han dificultado la concreción de un acuerdo definitivo.
Durante la sesión, empleados del INAI irrumpieron en el salón de plenos para manifestar su inconformidad antes del inicio de la reunión. Frente a la tensión, el pleno modificó el orden del día para que Alcalá Méndez presentara una propuesta de compensación voluntaria para aquellos trabajadores que decidieran renunciar antes de la extinción del organismo. Los montos propuestos oscilaban entre 55 mil 198 y 86 mil 372 pesos para empleados de menor jerarquía, y entre 327 mil 625 y 389 mil 373 pesos para los de mayor rango.
La iniciativa generó un intenso debate. Las comisionadas Del Río Venegas, Román Vergara e Ibarra Cadena expresaron su desacuerdo, argumentando que no fueron informadas con anticipación sobre los montos propuestos, lo que llevó a un receso de casi tres horas. Finalmente, votaron en contra de la propuesta de Alcalá Méndez.
Las comisionadas se respaldaron en la legislación secundaria en materia de transparencia, cuya votación en la Cámara de Diputados está prevista para este miércoles, y que establece que los derechos laborales de los empleados serán respetados. Asimismo, advirtieron que aceptar la compensación podría obstaculizar la reubicación de algunos trabajadores en la Secretaría Anticorrupción e incluso generar riesgos legales si alguna autoridad cuestionara las compensaciones y exigiera la devolución de los recursos.
La incertidumbre persiste entre los empleados del INAI, quienes han manifestado dudas sobre su futuro laboral y la posibilidad real de ser absorbidos por la nueva institución. En los próximos días, la Secretaría Anticorrupción definirá cuántos trabajadores podrá incorporar y en qué condiciones, mientras cientos de empleados continúan sin respuestas claras sobre su estabilidad laboral.
Fuente: La Jornada
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