Desde el inicio de su mandato, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha marcado una postura firme respecto a ciertas iniciativas legislativas, utilizando su facultad de veto en ocho ocasiones. Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha desafiado sus decisiones en cuatro de estos casos, resellando los proyectos y permitiendo que se convirtieran en ley.
El 18 de mayo de 2022, a solo 10 días de asumir la Presidencia, Chaves vetó su primer proyecto de ley. La iniciativa, promovida por el PLN, el PUSC y el PAC, eximía a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) de la aplicación de la regla fiscal. El gobierno justificó su rechazo argumentando la necesidad de mantener finanzas públicas sanas. Nueve meses después, la Asamblea reselló la ley con el respaldo de 43 legisladores.
El siguiente veto se produjo sobre el expediente 22.221, que buscaba crear el Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional. Chaves alegó que ya existían entidades encargadas de regular la práctica en ese campo, por lo que consideraba innecesaria una nueva institución. En este caso, el Congreso aceptó el veto y el proyecto fue archivado.
En septiembre de 2022, el presidente vetó el proyecto que eximía al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal. Chaves argumentó que la reforma debía ser integral y no basada en exenciones individuales. No obstante, 44 legisladores rechazaron su postura y resellaron la iniciativa.
A inicios de octubre de 2022, Chaves vetó un proyecto que extendía por tres años los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de Golfito. Su gobierno consideró que la prórroga era automática e ignoraba los procesos de licitación en curso. Sin embargo, 44 diputados volvieron a aprobar la ley, a pesar de los esfuerzos de la oficialista Pilar Cisneros por evitarlo.
En 2023, Chaves vetó un proyecto destinado a excluir a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea en materia fiscal. El Ejecutivo afirmó que la iniciativa limitaba la capacidad de la Dirección de Tributación para cobrar impuestos sobre rentas obtenidas en el exterior. No obstante, la diputada oficialista Luz Mary Alpízar votó a favor del resello, lo que le valió críticas de Chaves y Cisneros.
El sexto veto presidencial respondió a un error de forma en un proyecto de la diputada liberacionista Katherine Moreira. La ley contenía un inciso que, de haber sido aprobado, habría puesto en riesgo información sensible sobre víctimas y testigos protegidos. En este caso, el Congreso aceptó el veto y modificó la iniciativa antes de aprobarla nuevamente.
El 18 de febrero de 2024, Chaves vetó el proyecto del diputado Eliécer Feinzaig para fomentar vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica. Argumentó razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad. Aunque inicialmente parecía haber respaldo para un resello, el cambio de postura del partido Nueva República puso en duda el futuro de la iniciativa, que será discutida nuevamente el 11 de marzo.
El 28 de febrero de 2024, Chaves vetó un proyecto que imponía sanciones a funcionarios que no reglamentaran las leyes a tiempo. El presidente calificó la inhabilitación de hasta cuatro años como una medida desproporcionada y criticó la falta de consulta a instituciones afectadas, como municipalidades y la Corte Suprema de Justicia.
De los ocho proyectos vetados por Rodrigo Chaves, cuatro fueron resellados por el Congreso, evidenciando la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Algunos vetos fueron aceptados y corregidos, mientras que otros generaron enfrentamientos políticos que aún no se han resuelto. El próximo 11 de marzo será clave para definir el destino del veto sobre vuelos de bajo costo y el grado de respaldo que mantiene Chaves en la Asamblea Legislativa.
Fuente: Nación
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