El martes 18 de marzo, los presidentes de Costa Rica y Colombia, Rodrigo Chaves y Gustavo Petro, respectivamente, protagonizaron manifestaciones en favor de sus gobiernos y en contra de otros poderes estatales. Ambos mandatarios dirigieron movilizaciones con mensajes desafiantes hacia las instituciones que cuestionan su gestión.
En San José, Chaves reunió a su gabinete en la Casa Presidencial y los trasladó en autobuses hasta la sede del Poder Judicial, donde cientos de manifestantes se congregaron para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz. La protesta se produjo en un contexto en el que el fiscal dirige diversas investigaciones contra el presidente costarricense. Entre los asistentes estuvo la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.
Chaves, de tendencias conservadoras y de derecha, ha intensificado sus críticas contra la Fiscalía en un momento de crisis de seguridad y un incremento histórico de homicidios en el país centroamericano. No obstante, algunos de los manifestantes desconocían los motivos exactos de la protesta.
Por su parte, Petro convocó a una marcha en varias ciudades colombianas, incluidas Bogotá, Medellín y Cali, para presionar al Senado en la discusión sobre una consulta popular relacionada con su reforma laboral. Con banderas y pancartas, los manifestantes respaldaron los cambios en el sistema laboral y de salud promovidos por el mandatario izquierdista.
La reforma laboral impulsada por Petro busca mejorar las condiciones de contratación y modificar las jornadas de trabajo, estableciendo mayores beneficios para los empleados que laboran en días festivos y domingos. Sin embargo, la oposición en el Congreso firmó una ponencia para archivar la iniciativa, lo que llevó al presidente a denunciar un "bloqueo institucional" y decretar un día cívico para facilitar la participación de los servidores públicos en la jornada de protesta.
Desde su llegada al poder en agosto de 2022, Petro ha enfrentado un progresivo distanciamiento con el Congreso, tras haber contado inicialmente con su respaldo para aprobar una reforma tributaria. En medio de escándalos de presunta corrupción y conflictos con el sector empresarial, el mandatario ha recurrido a la movilización popular para mantener el impulso de sus proyectos legislativos.
Fuente: Nación
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