En una controvertida decisión, el Congreso aprobó con 81 votos a favor una ley que refuerza el control sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), regulando su financiamiento y estableciendo sanciones en caso de presuntas infracciones. La medida fue impulsada por Fuerza Popular y respaldada por diversas bancadas aliadas, mientras que solo 16 congresistas votaron en contra y 4 se abstuvieron.
Entre las bancadas que apoyaron la iniciativa se encuentran Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. En oposición, votaron en contra Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.
El dictamen, presentado por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando, otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) un rol clave en la supervisión del financiamiento extranjero que reciben las ONG. Para ello, se reorganiza el Consejo Directivo de la APCI, incorporando al ministro de Relaciones Exteriores, así como representantes del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Uno de los puntos más polémicos de la norma es la tipificación de infracciones graves, que incluyen la financiación de actividades que se consideren contrarias al orden público, la seguridad ciudadana o la estabilidad del Estado. Esto ha generado preocupaciones entre organizaciones civiles, que advierten sobre un posible uso discrecional de estas disposiciones para limitar la participación en protestas y movilizaciones sociales.
Asimismo, la ley sanciona el financiamiento de acciones administrativas y judiciales contra el Estado en instancias nacionales e internacionales. Esto podría afectar el apoyo legal brindado por ONG a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Las ONG que incumplan la normativa podrían enfrentar multas de hasta 500 UIT y la cancelación de su registro. Además, el Ministerio Público podrá intervenir si se encuentran indicios de financiamiento para actividades ilícitas.
Durante el debate en el Pleno, los legisladores que promovieron la ley argumentaron que se busca garantizar la transparencia en el uso de fondos extranjeros. "No podemos permitir que millones de soles no sean fiscalizados", afirmó José Cueto, de Honor y Democracia. Por su parte, el fujimorista Alejandro Aguinaga señaló que la norma impedirá que ciertos sectores "se llenen los bolsillos a costa de los más pobres del Perú".
En contraste, la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) advirtió que la ley podría vulnerar derechos fundamentales. "El registro de organizaciones que realizan activismo político puede ser inconstitucional, al afectar la libertad de pensamiento y expresión", alertó. Su pedido para que el texto vuelva a comisión fue rechazado.
Otros congresistas, como Guillermo Bermejo y Alex Flores, criticaron el doble estándar de la medida. "Esto apunta claramente a las ONG de derechos humanos y ambientalistas, mientras que se ignora el financiamiento extranjero que reciben organizaciones de derecha", señaló Flores.
A pesar de los cuestionamientos, la norma fue aprobada y exonerada de segunda votación. Ahora, solo resta su promulgación por parte del Ejecutivo, donde no se espera ninguna observación por parte de la presidenta Dina Boluarte.
La aprobación de esta ley se da en un contexto global donde varios gobiernos han endurecido la regulación sobre el financiamiento de ONG. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump redujo drásticamente el presupuesto de USAID, afectando programas de cooperación internacional.
En el Congreso peruano, algunos sectores han promovido una narrativa similar, cuestionando el papel de los fondos de cooperación en el país. Incluso, Renovación Popular ha impulsado una moción para investigar el financiamiento de USAID, aunque esta aún no ha sido votada.
Con esta nueva regulación, el futuro de muchas ONG en Perú queda en incertidumbre, ante el riesgo de restricciones en su financiamiento y operatividad.
Fuente: La República
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