El expresidente de Perú, Pedro Castillo (2021-2022), se presentó este martes sin abogado al inicio del juicio oral en su contra por su fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los delitos de rebelión y abuso de autoridad.
Castillo, quien permanece en prisión preventiva desde su destitución, confirmó ante la sala que prescindió de su equipo legal al presentar un escrito en el que notificó la subrogación de sus cuatro abogados. "Quisiera que se haga de conocimiento al país sobre mi escrito y he venido a ratificarme en eso", declaró.
El exmandatario se negó a aceptar un abogado de la defensa pública, calificando el proceso como una "pantomima". "No tiene razón exponer a mis defensores a un juicio donde todo parece estar confinado", agregó.
Ante su negativa, el tribunal resolvió asignarle un defensor público y aclaró que, formalmente, solo había retirado a su abogado Luis Medrano, mientras que la defensa de los otros tres abogados seguía vigente. El juez supremo José Antonio Neyra, quien lidera la sala, advirtió a Castillo que sus intervenciones debían limitarse al proceso judicial y no podían ser de carácter político.
El juicio también involucra a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, y a su antecesor, Aníbal Torres. Asimismo, el exministro del Interior, Willy Huerta, y tres exoficiales policiales están acusados como coautores del delito de rebelión.
Castillo intentó disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas para evitar su tercera destitución, en medio de denuncias que lo vinculaban con una organización criminal dentro de su gobierno. Su administración fue señalada por presuntos actos de corrupción, como el ascenso ilegal de oficiales en las Fuerzas Armadas y un pago ilícito vinculado al Puente Tarata III.
El entorno de Castillo también está bajo la lupa. Su sobrina Yenifer Paredes enfrenta cargos de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos, mientras que su sobrino Fray Vásquez es investigado por su relación con el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva.
A pesar de múltiples recursos para solicitar su excarcelación, la justicia ha ratificado su prisión preventiva, citando riesgo de fuga. Su familia se encuentra asilada en México, lo que refuerza las sospechas de una posible evasión.
Previo al inicio del juicio, el exmandatario envió una carta en la que aseguraba que se trataba de un proceso "amañado". "Mi discurso no contiene ningún delito ni infracción constitucional. No hubo levantamiento armado porque nunca pedí ni coordiné para que eso sucediera", afirmó.
"Soy el único responsable de lo hecho y dicho el 7 de diciembre de 2022. Hice lo que el pueblo me pidió (...) Ninguno de mis coacusados tuvo participación directa o indirecta", agregó.
El juicio continuará en los próximos días con la presentación de pruebas y testigos clave en el caso.
Fuente: Infobae
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