El Gobierno argentino ha anunciado un nuevo mecanismo de control para las conferencias de prensa en la Casa Rosada, destacándose la implementación de un "botón muteador" y un sistema de selección de periodistas, descrito por el vocero presidencial, Manuel Adorni, como una especie de "Gran Hermano periodístico". El propósito, según Adorni, es garantizar una "libertad de expresión en todo su esplendor", permitiendo al vocero silenciar a aquellos periodistas que se excedan en el tiempo asignado o que interrumpan al personal de prensa del Ejecutivo.
Además de este control tecnológico, el Gobierno implementará una normativa en la que los periodistas deberán cumplir con un código de vestimenta, que incluirá traje y corbata para los hombres, aunque aún no se han especificado detalles para las mujeres. También se establecerá que los acreditados deben tener un contrato fijo con sus empleadores.
La relación entre el presidente Javier Milei y la prensa ha sido tensa, especialmente con aquellos periodistas que critican su gestión. Milei ha calificado en diversas ocasiones a los medios que lo cuestionan como "mentirosos", "imbéciles" o "corruptos", y no ha dudado en descalificar públicamente a los periodistas que lo adversan en sus redes sociales. Recientemente, el analista y columnista de EL PAÍS, Carlos Pagni, fue uno de los blancos de críticas por sus advertencias sobre la economía, específicamente sobre la debilidad del peso argentino, un tema que muchos economistas, incluidos algunos cercanos al Gobierno, han resaltado.
En julio, Adorni ya había anunciado que el acceso a las ruedas de prensa de la Casa Rosada se limitaría a "periodistas de fuste", es decir, aquellos con experiencia y provenientes de medios de renombre. De esta forma, se quería garantizar que los “aptos” para cubrir al presidente sintieran que era un honor asistir. Un mes antes, el Gobierno había intentado revivir una ley de 1944 que exigía que los periodistas tuvieran una matrícula otorgada por la Secretaría de Trabajo, pero la medida fue retirada debido al fuerte rechazo del gremio. Además, en abril, Milei amplió por decreto las excepciones que permiten al Estado denegar información solicitada por periodistas de investigación y ciudadanos.
El incidente durante la apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo dejó claro el objetivo del Gobierno de controlar la cobertura mediática. Por primera vez desde el regreso a la democracia, los reporteros acreditados no pudieron acceder a los palcos de prensa y fueron reubicados en áreas más distantes, sin acceso al audio del discurso presidencial. La televisión pública, uno de los pocos medios estatales que ha sobrevivido a los recortes de Milei, optó por ocultar ciertos aspectos del evento, como el saludo entre el presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la mitad de los asientos vacíos en el recinto debido al boicot opositor. También se silenciaron las críticas de un diputado al presidente por su decisión de nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. El legislador fue posteriormente amenazado por un asesor cercano al presidente.
Milei ha declarado que, aunque su Gobierno "juega de visitante" en los medios tradicionales, se siente "local" en las redes sociales. Dentro de los planes del Gobierno, también se prevé permitir el acceso a youtubers e influencers, muchos de ellos contratados por el Estado, que forman parte del equipo de apoyo en las redes sociales y que defienden la gestión del Gobierno.
Fuente: El País
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