El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, respaldó este jueves la intervención policial durante una movilización en apoyo a los jubilados y denunció que la protesta, que dejó más de 100 detenidos y cerca de 50 heridos, formaba parte de un intento de desestabilización del Ejecutivo.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, calificó lo sucedido en las inmediaciones del Congreso como un hecho de "extremísima gravedad" y afirmó que algunos manifestantes portaban armas blancas y de fuego con la intención de generar violencia. "Por ello, se tomó la decisión de dispersar a los violentos desde el primer momento", explicó en conferencia de prensa.
"Los que generan violencia van a recibir la respuesta del Estado", advirtió Bullrich, quien consideró "adecuado" el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad federales y la policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La manifestación, que reunió a sindicatos, organizaciones sociales y grupos de hinchas de fútbol, buscaba visibilizar la situación de los jubilados, quienes cada miércoles protestan frente al Congreso para reclamar mejoras en sus pensiones. La intervención policial dejó un saldo de 46 heridos y 124 detenidos.
Bullrich informó que solicitará la expulsión de Argentina de un ciudadano mexicano y una ciudadana peruana detenidos durante la protesta. Además, anunció que el Gobierno nacional y el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires presentarán una denuncia penal conjunta contra los arrestados por "sedición, agresión contra las fuerzas de seguridad y resistencia a la autoridad".
Según la ministra, Leandro Caprioti, hincha del club Chacarita Juniors, fue el "máximo organizador" de la movilización, a la que se sumaron seguidores de otros equipos. También responsabilizó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, de permitir la organización de los manifestantes en su municipio y aseguró que otro grupo provino de Lomas de Zamora, ambas localidades gobernadas por el peronismo.
"Esto fue organizado con el objetivo de desestabilizar al Gobierno y lo intentarán hacer cada miércoles", afirmó Bullrich, acusando a "patotas, barras bravas y agrupaciones de izquierda violentas" de promover la protesta.
El Gobierno también cuestionó a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 de los detenidos, argumentando que la Constitución protege derechos fundamentales como la protesta, la libertad de expresión y la petición a las autoridades.
Entre los heridos se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas en la cabeza y permanece hospitalizado en estado grave. En respuesta, reporteros gráficos realizaron un "camarazo" frente al Congreso, alzando sus cámaras en protesta contra el accionar de las fuerzas de seguridad y exigiendo la destitución de Bullrich.
La ministra lamentó "profundamente" la situación de Grillo, pero justificó que el cartucho fue disparado de manera "correcta" y que su trayectoria cambió tras impactar en una barricada en llamas levantada por manifestantes. "Rebotó y por eso impactó en el fotógrafo militante que estaba allí", sostuvo.
Fuente: SWI
.jpg)