El pasado martes 18 de marzo, miles de ciudadanos se movilizaron en diversas ciudades del país en apoyo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Convocadas por el Ejecutivo y respaldadas por centrales sindicales, las marchas generaron un intenso debate sobre su impacto y costos.
Uno de los principales cuestionamientos provino de la oposición, que criticó el posible uso de recursos del Estado para promover una manifestación con fines políticos de cara a las elecciones de 2026. Hasta el momento, no se ha divulgado una cifra oficial sobre el costo total de la jornada, pero hay referencias que permiten estimar su magnitud.
Por ejemplo, el montaje en la Plaza de Bolívar, donde el presidente Petro ofreció un discurso, se asemeja al de la marcha del 27 de septiembre de 2023, cuyo costo fue de 263 millones de pesos según denunció el concejal bogotano Daniel Briceño. Asimismo, Briceño reveló contratos con organizaciones indígenas por 314.169 millones de pesos en 81 acuerdos, lo que generó suspicacias sobre su relación con la movilización.
Otro punto de controversia fue la decisión de Petro de decretar día cívico, lo que según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, pudo costarle al país alrededor de 360 millones de dólares en pérdidas para el comercio. Cabal explicó que esta estimación se basa en la contribución diaria del PIB y en el impacto de la reducción de actividad económica durante la jornada.
A pesar de algunos incidentes de violencia en Bogotá y Cali, la jornada transcurrió mayormente en calma. En la capital, el alcalde Carlos Fernando Galán desplegó 1.200 policías y más de 300 gestores de convivencia para garantizar la seguridad de las movilizaciones.
En términos de asistencia, en la Plaza de Bolívar se congregaron aproximadamente 30.000 personas, una cifra relevante pero inferior a las expectativas de las centrales sindicales, que proyectaban hasta cuatro millones de manifestantes en todo el país. Esto llevó a algunos analistas, como Carlos Alonso Lucio, a cuestionar si la movilización fue realmente espontánea o tuvo un alto grado de organización estatal.
Tras la jornada, las redes sociales se convirtieron en el escenario de una disputa sobre la magnitud del evento. Mientras el oficialismo compartía imágenes de plazas llenas, la oposición destacaba espacios vacíos en la Plaza de Bolívar. La controversia se intensificó cuando el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, tuvo que retractarse por difundir imágenes erróneas de otra manifestación.
Pese a las críticas, desde el gobierno se consideró la jornada un éxito. "Para el presidente y para el Gobierno es un triunfo, porque vamos al tercer año de gestión y saber que se mantiene el apoyo popular es comprobar que no está solo", aseguró Bolívar.
Más allá de la discusión sobre el éxito o fracaso de la movilización, las marchas del 18 de marzo representaron una medición de fuerzas para el presidente Petro, quien ya perfila estrategias para la consulta popular anunciada con el fin de revivir su reforma laboral y para influir en la elección de su sucesor en 2026.
Fuente: Semana
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