En las últimas semanas, Paraguay ha sido escenario de movilizaciones masivas que reflejan el creciente descontento social hacia el gobierno de Santiago Peña. Bajo el lema "Unidos por Paraguay", diversas agrupaciones, incluidos jóvenes y campesinos, han exigido reformas agrarias y mejoras en la calidad de vida. Las manifestaciones han ganado fuerza, impulsadas por la percepción de corrupción y la falta de respuesta a las necesidades ciudadanas, un sentimiento ampliamente expresado en publicaciones que critican la situación económica y política del país. En este contexto, figuras políticas como Bachi Núñez han defendido al gobierno, sugiriendo que las protestas abren un espacio para el diálogo. Sin embargo, las críticas hacia los altos salarios de los parlamentarios, en contraste con la pobreza generalizada, han intensificado aún más el descontento popular. Este panorama pone de relieve la importancia de analizar cómo los movimientos sociales pueden influir en la agenda política de Paraguay y presenta un desafío clave para el gobierno: responder a las demandas populares o arriesgar una mayor polarización social.