Un intenso debate político y jurídico se desató en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara su intención de convocar una consulta popular tras el rechazo de la Comisión Séptima del Senado a su reforma laboral. Para el mandatario, esta decisión representa una fractura entre el Ejecutivo y el Congreso, llegando incluso a hablar de un bloqueo institucional.
El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, aclaró que, aunque el presidente puede convocar una consulta con el aval del Senado y la firma de todos sus ministros, este mecanismo no puede utilizarse para someter a votación ciudadana el texto de una ley, ya que esa facultad es exclusiva del Congreso.
Por su parte, el exviceprocurador Juan Carlos Novoa explicó que la consulta popular es un instrumento de participación para abordar temas de interés nacional. Sin embargo, solo si al menos un tercio del censo electoral participa y vota mayoritariamente, la decisión sería vinculante para el Estado.
Ante el inminente archivo de la reforma laboral, Petro reafirmó desde la Casa de Nariño su intención de impulsar este mecanismo, respaldado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha señalado que la consulta no solo serviría para promover reformas, sino también para medir el clima político de cara a las elecciones de 2026.
No obstante, el abogado constitucionalista Germán Calderón España rechazó la viabilidad de esta estrategia, argumentando que “la consulta popular no es el mecanismo adecuado para aprobar reformas al sistema de salud o laboral en Colombia”. Según Calderón, no es legal someter a consulta proyectos normativos con artículos y disposiciones específicas, lo que haría inviable la propuesta presidencial desde el punto de vista jurídico.
El debate sigue abierto, pero la consulta popular de Petro enfrenta serios obstáculos legales y constitucionales.
Fuente: Semana
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