La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, ha comunicado al Congreso de Estados Unidos la disolución definitiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual debe concretarse antes del 1 de julio próximo. Ante esta medida, varios congresistas han enviado una carta al Secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando que se lleven a cabo "consultas exhaustivas" con el Congreso estadounidense antes de tomar cualquier decisión definitiva.
En su misiva, los legisladores destacan que el 24 de marzo fue la primera vez que los comités a los que pertenecen fueron informados sobre la disolución de la USAID. Además, señalan que los documentos proporcionados por el Departamento de Estado carecen de información esencial, por lo que insisten en la necesidad de consultas "significativas". En la carta se exponen una serie de preguntas que la administración de Trump no ha respondido hasta la fecha.
Entre los firmantes de la carta se encuentran los senadores y representantes demócratas Brian Schatz, Lois Frankel, Mike Quigley, Richard J. Durbin, Grace Meng, Norman J. Torres, Jeanne Shaheen, entre otros, sumando un total de diez congresistas.
El 24 de marzo de 2025, el personal del Comité de Asignaciones recibió un correo electrónico de Paul D. Guaglianone, funcionario de la Oficina de Asuntos Legislativos, que incluía cartas dirigidas a los miembros del Congreso junto con varios archivos adjuntos.
Los congresistas manifiestan que las cartas recibidas contienen información sobre la revisión de la asistencia exterior del Departamento de Estado y de la USAID, mencionando que estos documentos forman parte de "consultas en curso". Sin embargo, critican que no se haya cumplido con la obligación legal de realizar consultas formales con los Comités de Asignaciones.
En su carta, los legisladores afirman que la decisión de cerrar la USAID vulnera diversas leyes estadounidenses y ha implicado un alto costo para los contribuyentes, debido a los honorarios legales, pagos de intereses y tarifas de terminación. Además, señalan que las medidas adoptadas por la administración Trump han tenido un impacto negativo en los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, la credibilidad internacional del país y los trabajadores y empresas estadounidenses.
Entre los detalles ausentes en los documentos enviados al Congreso, los congresistas destacan la falta de información sobre los criterios que guiaron la decisión de cerrar la USAID, el proceso de toma de decisiones, la relación con las políticas de la administración, los efectos previstos sobre los beneficiarios y socios estadounidenses, y si los fondos de los programas afectados serán gastados legalmente.
Finalmente, los congresistas reiteran su intención de continuar buscando respuestas a las inquietudes no resueltas por la administración Trump, e insisten en que Marco Rubio testifique ante el Congreso en una audiencia pública para abordar estos temas.
Fuente: La Prensa
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