Argentina
La jornada de protesta de los jubilados argentinos frente al Congreso derivó en un violento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, dejando como saldo más de 150 detenidos y varios heridos. La manifestación, que se realizaba cada miércoles desde mediados de 2024 en rechazo a los recortes económicos del gobierno de Javier Milei, fue reprimida con balas de goma, gas lacrimógeno y bastonazos.
En las últimas semanas, las movilizaciones de los jubilados han ganado apoyo de sectores inesperados, como los hinchas de fútbol, quienes se sumaron a la protesta en solidaridad con los adultos mayores. La participación de estos grupos, muchos de ellos asociados a las barras bravas de clubes como Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing, incrementó la tensión en la manifestación de este miércoles, desatando disturbios en las inmediaciones del Parlamento.
Los enfrentamientos fueron escalando a medida que los manifestantes lanzaban piedras y objetos contundentes, mientras que la policía respondió con camiones hidrantes y un amplio despliegue de agentes antidisturbios. Durante los disturbios, un vehículo policial fue incendiado y varias calles quedaron bloqueadas con contenedores de basura en llamas.
Dentro del Congreso, la crisis social también tuvo repercusiones. Una sesión en la Cámara de Diputados fue interrumpida debido a una acalorada discusión entre legisladores oficialistas y opositores, que derivó en insultos, empujones e incluso golpes de puño.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la protesta como "una acción violenta liderada por barras bravas" y anunció que quienes participen en actos delictivos durante manifestaciones públicas serán vetados de los estadios de fútbol. Sin embargo, esta medida no logró disuadir la presencia de los hinchas en la protesta.
El descontento de los jubilados ha crecido ante la pérdida de su poder adquisitivo tras las políticas de ajuste del gobierno de Milei, que han reducido drásticamente el gasto público con el objetivo de combatir la inflación. Como consecuencia, los adultos mayores han visto afectado el valor de sus pensiones y su acceso a medicamentos gratuitos.
Si bien el gobierno defiende el "protocolo antipiquetes" como una herramienta para garantizar el orden público, organismos de derechos humanos han denunciado el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta social. La creciente tensión en las calles refleja un clima de descontento que, lejos de apaciguarse, parece intensificarse con cada semana que pasa.