Brasil se ha sumado a la tendencia de varios países europeos al introducir su propio “visado dorado,” una medida destinada a atraer inversión extranjera para revitalizar su mercado inmobiliario, que atraviesa una profunda crisis. A partir de este año, el gobierno ofrece visados permanentes con posibilidad de obtener la ciudadanía brasileña en cuatro años a los extranjeros que inviertan en bienes raíces, con montos de 1 millón de reales (173.792 dólares) en las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste, y 700.000 reales (121.654 dólares) en el Norte y Nordeste. Aunque esta iniciativa existe desde 2018 bajo una resolución del Ministerio de Justicia, hasta ahora su impacto había sido limitado, con solo 787 visados emitidos en siete años.
El objetivo de este relanzamiento es frenar la caída del sector de la construcción, que ha sido afectado por los altos tipos de interés, con el temor de que se produzca una burbuja inmobiliaria y numerosas quiebras. El gobierno espera que la inversión extranjera inyecte hasta 1.000 millones de reales (173,8 millones de dólares) solo en el primer año. Para promocionar esta medida, se celebrará en octubre el CIMI360, un evento en São Paulo que pretende presentar el sector inmobiliario brasileño a los inversionistas internacionales.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. Los visados dorados, adoptados previamente por países como España, Portugal y Chipre, han generado problemas significativos, especialmente en Portugal, donde se eliminó la opción de invertir en bienes raíces tras la escasez de viviendas asequibles para los locales y el aumento desmesurado de los alquileres. Además, estos programas han sido criticados por facilitar la entrada de capitales ilícitos y la proliferación de mercados de pasaportes, como ocurrió en Chipre.
Brasil, no obstante, tiene características propias que complican la aplicación de esta medida. El narcotráfico y el lavado de dinero en el sector inmobiliario, particularmente en el noreste, ya son una realidad. La posibilidad de que el visado dorado facilite aún más estos procesos ha generado preocupación. Además, Brasil enfrenta una sobresaturación del mercado inmobiliario, con miles de nuevas construcciones en los últimos años que no han logrado captar una demanda suficiente. Si bien hay un déficit habitacional de 5,8 millones de viviendas, según la Fundación João Pinheiro, el mercado inmobiliario parece estar más enfocado en construir viviendas de lujo que en abordar las necesidades habitacionales de la población más vulnerable.
En cuanto a las favelas, que albergan a más de 17 millones de personas, la situación sigue siendo crítica. A pesar del esfuerzo del programa “Mi Casa, Mi Vida” para facilitar el acceso a viviendas asequibles, muchos brasileños continúan viviendo en condiciones precarias, mientras que el auge de la construcción de viviendas no ha logrado cerrar la brecha de necesidades.
Recientemente, la Fiscalía de São Paulo abrió una investigación sobre posibles fraudes en la construcción de viviendas sociales, lo que ha puesto de manifiesto irregularidades en el uso de subvenciones destinadas a la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos. Las investigaciones apuntan a que muchas de estas viviendas no son accesibles para la población a la que estaban destinadas.
Este panorama se complica con el aumento de la morosidad en los pagos de deudas, especialmente entre las clases bajas, lo que ha provocado un aumento de las subastas inmobiliarias. En los últimos dos años, la cantidad de subastas se ha quintuplicado, y tres de cada cuatro personas consultadas en un estudio reciente admiten estar endeudadas.
El lanzamiento del visado dorado busca dar un respiro a un país que enfrenta un panorama económico incierto. El Banco Central de Brasil ha revisado a la baja su proyección de crecimiento económico para 2025, fijándola en un modesto 1,9%. La situación se agrava con un déficit en la cuenta corriente del país que se ha duplicado en los primeros meses de 2025.
El mercado inmobiliario es clave en esta crisis, pero el visado dorado podría no ser suficiente para solucionar los problemas estructurales. Factores como el elevado coste de la sanidad privada, la inseguridad jurídica y el aumento de la violencia en las ciudades podrían ahuyentar a los inversionistas extranjeros. Además, el gobierno de Lula también ha tenido que responder a las demandas del sector interno, ampliando el programa “Mi Casa, Mi Vida” para permitir que más familias de ingresos medios puedan acceder a viviendas a precios accesibles.
Fuente: Infobae
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