La participación social de refugiados y migrantes se ha convertido en un eje clave en los debates sobre integración en los países de acogida. Brasil, reconociendo el impacto económico, social y cultural de esta población, ha avanzado en la construcción de una política nacional que garantice su inclusión y derechos.
Desde 2010, más de 1,7 millones de personas han obtenido un estatus migratorio regular en Brasil. De ellas, más de 146.000 han sido reconocidas como refugiadas, mientras que 457.000 esperan el análisis de sus solicitudes de asilo. Como tercer país receptor de venezolanos en América Latina, ha implementado iniciativas como la "Operação Acolhida" en Roraima y Amazonas, enfocadas en la recepción e integración de migrantes.
A pesar de estos esfuerzos, una parte significativa de la población migrante enfrenta barreras para su plena integración, lo que resulta en altas tasas de desempleo, pobreza y exclusión. Para abordar esta situación, el gobierno federal ha impulsado la participación de migrantes, refugiados y apátridas en el diseño de la política nacional dirigida a ellos, con la Conferencia Nacional de Migrantes, Refugiados y Apátridas (COMIGRAR) como principal herramienta de consulta.
Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, se llevaron a cabo 119 conferencias preparatorias, con la participación de aproximadamente 14.000 personas, incluyendo migrantes, refugiados, representantes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Este proceso generó 2.151 propuestas, que fueron sintetizadas en 180 para la etapa nacional. En Brasilia, 271 delegados seleccionaron las 60 iniciativas prioritarias para la integración de esta población en la sociedad brasileña.
Este esfuerzo ha permitido visibilizar las dificultades que enfrentan los migrantes y ha destacado su contribución al desarrollo social y económico de Brasil. Ahora, el desafío radica en la implementación efectiva de estas propuestas, asegurando que las políticas migratorias cuenten con financiamiento adecuado y respaldo político.
Para garantizar el éxito de esta política, el gobierno debe articular esfuerzos con los estados y municipios, crear incentivos para la implementación de programas locales y garantizar que la agenda migratoria se mantenga como una prioridad en la gestión pública. Asimismo, el monitoreo continuo por parte de organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios será fundamental para asegurar su cumplimiento.
Brasil ha dado un paso significativo en la construcción de una política migratoria más inclusiva. Sin embargo, el verdadero reto es traducir estas iniciativas en acciones concretas que mejoren las condiciones de vida de quienes ya forman parte de la sociedad brasileña y que, con las oportunidades adecuadas, pueden contribuir a su crecimiento y desarrollo sostenible.
Fuente: El Periódico
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