El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2022), se convirtió este miércoles en el primer exmandatario del país en enfrentar un proceso penal por supuestamente haber intentado orquestar un golpe de Estado para desconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
La Primera Sala del Tribunal Supremo aceptó la denuncia contra Bolsonaro y otros siete de sus excolaboradores, incluyendo exministros y militares de alto rango, todos acusados de conspirar para socavar el orden democrático entre 2021 y 2022. También se les imputa haber incitado los ataques ocurridos en enero de 2023 contra las sedes de los tres Poderes del Estado.
El fallo de los cinco magistrados de la Sala, todos de tendencia progresista, fue unánime. Aunque aún no se ha fijado una fecha para el juicio, Bolsonaro, líder de la extrema derecha, podrá seguir el proceso en libertad.
Los jueces consideraron que existen pruebas suficientes para juzgar a los acusados por cinco delitos graves, cuyas penas podrían alcanzar los 40 años de prisión, aunque la legislación brasileña limita la privación de libertad a un máximo de 30 años.
Los delitos en cuestión incluyen la abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio público.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, sostuvo que la organización criminal siguió una estrategia sistemática para intentar derrocar al gobierno electo en 2022. Según su evaluación, la intervención militar no se concretó debido a la negativa de los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea a implementar medidas de excepción.
Bolsonaro ha reconocido haber discutido estos mecanismos con la cúpula militar, pero argumenta que el estado de sitio y de excepción son figuras contempladas en la Constitución y que hablar de ellas "no constituye un crimen".
La acusación se fundamenta en miles de pruebas recolectadas por la Policía Federal, incluyendo un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y la confesión de su exayudante de órdenes, el teniente coronel Mauro Cid.
Las pesquisas también revelaron planes para atentar contra la vida de Lula, del juez de Moraes y otras autoridades. Además, vinculan a Bolsonaro y su grupo con la invasión de las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.
Hasta la fecha, 497 personas han sido condenadas por su participación en estos disturbios y otras 532 han firmado acuerdos de no persecución penal por delitos menores.
Tras conocer la decisión del Supremo, Bolsonaro se reunió con su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y luego ofreció una declaración a la prensa, sin aceptar preguntas. En su discurso, rechazó las acusaciones y cuestionó la imparcialidad de los jueces, a quienes acusó de actuar por "motivaciones personales".
La defensa de los acusados intentó recusar a tres magistrados sin éxito: Alexandre de Moraes, por ser juez y víctima en el caso; Flávio Dino, por su pasado como ministro de Lula y rival político de Bolsonaro; y Cristiano Zanin, por haber trabajado como abogado personal de Lula.
El expresidente insinuó que el proceso tiene una intencionalidad política con el fin de impedirle ser candidato en 2026. Sin embargo, Bolsonaro ya ha sido inhabilitado hasta 2030 por la Justicia Electoral, debido a su intento de desacreditar las instituciones democráticas.
"No tengo obsesión por el poder", afirmó.
El juicio será llevado a cabo por la Primera Sala del Supremo en los próximos meses. Bolsonaro podrá continuar en libertad mientras dure el proceso, a menos que el tribunal determine riesgo de fuga, obstrucción a la justicia o intento de coacción a testigos.
Desde el año pasado, el exmandatario ya enfrenta restricciones judiciales, incluyendo la retención de su pasaporte, lo que le impidió asistir a la investidura de Donald Trump en enero.
Además de este caso, Bolsonaro también es investigado por otras denuncias, como la apropiación indebida de joyas destinadas al patrimonio del Estado y el presunto fraude en certificados de vacunación contra la covid-19.
Fuente: Aristegui Noticias
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