El próximo lunes 10 de marzo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunirá con la ministra de Ambiente, Lena Estrada, en un encuentro crucial que tendrá lugar en la sede del ministerio. El propósito de la reunión es abordar la polémica resolución del Gobierno Nacional sobre el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá, una medida que ha generado un intenso debate.
Esta resolución, impulsada durante la gestión de la exministra Susana Muhamad, ha generado controversia debido a su posible impacto en proyectos de infraestructura clave para la capital y en más de 600.000 familias que podrían verse afectadas.
Debido a la magnitud del debate, la Procuraduría General de la Nación solicitó una extensión de 45 días hábiles para la consulta pública de la resolución, con el objetivo de permitir un análisis más exhaustivo y garantizar que todos los sectores involucrados puedan evaluar adecuadamente los impactos de la medida.
A la par, la Procuraduría también pidió prorrogar la consulta de otro proyecto ambiental relevante, relacionado con la creación de una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en el Suroeste Antioqueño, que afecta a municipios como Jericó, Támesis y La Pintada.
La resolución, que fue publicada el pasado 3 de marzo, establece estrictas directrices para la protección de áreas sensibles de la sabana, abarcando 39 municipios además de Bogotá. Este ecosistema es fundamental para la biodiversidad de la región, albergando más de 3.000 especies de fauna y 5.000 de flora, además de ser crucial para la regulación hídrica. Entre las medidas más polémicas están las restricciones a la urbanización en zonas rurales, la protección de humedales y la exigencia de evaluaciones ambientales previas para proyectos de infraestructura.
No obstante, la normativa ha sido duramente criticada por varios líderes políticos, quienes la consideran una intromisión del Gobierno Nacional en la planificación urbana de la ciudad. El alcalde Galán ha sido uno de los más vocales en su oposición, señalando que la consulta pública previa fue insuficiente y acusando al Ejecutivo de actuar de manera opaca.
“El cumplimiento de la ley es obligatorio, no opcional”, afirmó Galán, subrayando que, si la resolución no es modificada, recurrirá a instancias judiciales para defender la autonomía de Bogotá. Otros exalcaldes, como Claudia López y Enrique Peñalosa, también han expresado su rechazo. López ha calificado la resolución como "ilegal y abusiva", acusando al presidente Gustavo Petro de intentar obstaculizar el desarrollo de la ciudad. Por su parte, Peñalosa advirtió que la medida pone en peligro proyectos clave, como la construcción de vías, viviendas y sistemas de energía eléctrica, lo que podría encarecer los precios de la tierra y desplazar a familias hacia municipios vecinos.
La reunión del 10 de marzo podría ser decisiva para el futuro de la política ambiental en Bogotá. Mientras que la exministra Muhamad defendió la resolución como el resultado de más de un año de consultas técnicas y sociales, sectores políticos y productivos insisten en que la normativa requiere un replanteamiento para minimizar los impactos urbanos y sociales.
Galán, en representación de Bogotá, buscará que el Ministerio de Ambiente reconsidere la resolución y abra un proceso más colaborativo con las autoridades locales. Si no se llega a un acuerdo, todo apunta a que la disputa podría llevarse a los tribunales, poniendo en juego el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo urbano de la capital.
Fuente: Infobae
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