El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica ha identificado posibles delitos en relación con el financiamiento de la campaña electoral que llevó al presidente Rodrigo Chaves al poder en 2022. Según un informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) habría recibido fondos de estructuras paralelas, operando fuera del marco legal en un "esquema opaco y clandestino".
El informe sugiere que estas estructuras se habrían utilizado para favorecer la campaña presidencial de Chaves y la candidatura a la diputación de Waldo Agüero. Entre los implicados se encuentran Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner (quien también fue tesorero del partido), y el canciller Arnoldo André, quien habría administrado y donado a un fideicomiso asociado.
El documento, concluido el 29 de noviembre de 2024 tras tres años de investigación, está en manos de la Fiscalía General, que mantiene una investigación abierta sobre el uso de estas estructuras ilegales de financiamiento. Los delitos electorales en cuestión podrían implicar penas de cárcel de entre dos y seis años.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre el informe del TSE. La lista de posibles responsables también incluye a 16 personas, entre ellas diputados del oficialismo como Luz Mary Alpízar y Oswaldo Agüero. En febrero de 2024, una comisión del Congreso ya había señalado a Chaves como el autor intelectual de una estructura paralela de financiamiento ilegal, aunque el presidente calificó esa investigación de "nefasta" y "un circo".
En 2022, el partido de Chaves explicó que el fideicomiso fue creado como parte de un "grupo de pensamiento y acción", disuelto antes de que Chaves fuera designado candidato presidencial. La Fiscalía continúa investigando el caso desde ese mismo año.
Fuente: SWI
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