La vocera del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el país ha decidido retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La decisión fue comunicada por el canciller Valdrack Jaentschke al presidente del organismo, Jürg Lauber, tras la publicación de un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre la situación en el país.
El informe del GHREN señala la responsabilidad de la Policía, el Ejército y el presidente Daniel Ortega, junto con Murillo, en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ante esto, el gobierno nicaragüense expresó su rechazo categórico y su decisión de desvincularse del Consejo.
Murillo calificó al Consejo de Derechos Humanos y al GHREN de actuar con un "doble rasero", alegando que los informes presentados responden a intereses políticos y constituyen una forma de injerencia en los asuntos internos del país.
“Estos mecanismos son utilizados para desprestigiar a nuestro gobierno y obstaculizar el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense”, afirmó la vocera oficial.
El informe del GHREN, presentado el 26 de febrero, profundiza en la cadena de mando de la represión desde las protestas de abril de 2018. Según el documento, el Ejército de Nicaragua desempeñó un papel clave, utilizando armas letales en coordinación con la Policía y grupos paramilitares, a pesar de haber declarado públicamente que su participación se limitó a la protección de infraestructuras estratégicas.
Además, el informe indica que el 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que altos mandos del Ejército fueron instruidos sobre la estrategia gubernamental para enfrentar lo que el régimen consideraba un intento de golpe de Estado. Se señala que el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, autorizó la participación de las fuerzas armadas en la represión, mientras que el entonces subdirector de la Policía y actual primer comisionado, Francisco Díaz, permitió el uso de fuerza letal contra los manifestantes.
El GHREN también documentó la existencia de un aparato estatal de vigilancia y represión que involucra diversas instituciones, como el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Según el informe, estos organismos han sido utilizados para espiar, identificar y hostigar a opositores políticos, a través de intercepciones ilegales de comunicaciones, censos con fines represivos y congelamiento de cuentas bancarias.
El documento destaca que la Policía Nacional opera un centro de información e inteligencia con acceso ilimitado para la Dirección de Información para la Defensa del Ejército. Asimismo, se menciona que durante los interrogatorios en centros de detención, se obtiene información para la vigilancia y persecución de opositores.
Con la salida del Consejo de Derechos Humanos, Nicaragua refuerza su postura de rechazo a los organismos internacionales que han denunciado violaciones a los derechos humanos en el país. Esta decisión podría afectar la relación del gobierno con la comunidad internacional y aumentar el aislamiento diplomático del régimen de Ortega y Murillo.
Mientras tanto, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos reiteró su compromiso con la documentación de las violaciones ocurridas en Nicaragua y aseguró que continuará trabajando para visibilizar la situación de los derechos humanos en el país, independientemente de la postura del gobierno nicaragüense.
Fuente: La Prensa
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