Una jueza federal en Maryland, Deborah Boardman, emitió una orden judicial preliminar bloqueando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La disposición, firmada por Trump en su primer día de mandato, tenía como objetivo modificar la interpretación tradicional de la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda de la Constitución, limitando la nacionalidad estadounidense a los hijos de migrantes o personas con estatus legal temporal.
La medida judicial llega tras una demanda presentada por cinco mujeres indocumentadas embarazadas, quienes solicitaron una medida cautelar para frenar la orden. En su demanda, argumentan que la disposición viola la Constitución y varias leyes federales.
"De permitirse la implementación de la orden, pondría en duda la ciudadanía de miles de niños en todo el país, incluyendo los hijos de las demandantes y de otros afectados", señala la demanda.
Durante la audiencia, abogados del Departamento de Justicia defendieron la acción de Trump, argumentando que la medida busca “corregir malentendidos previos” sobre la 14.ª Enmienda. Según su interpretación, la ciudadanía por nacimiento fomenta un "incentivo perverso" para la migración ilegal. Además, afirmaron que el texto, la historia y los precedentes legales refuerzan la idea de que la Constitución no contempla otorgar la ciudadanía automática a los hijos de personas que, según ellos, desafían las leyes migratorias federales.
La orden de la jueza Boardman se suma a la decisión de un juez federal en Seattle, John Coughenour, quien previamente calificó la orden de Trump como “descaradamente inconstitucional”. Coughenour había emitido un bloqueo temporal, mientras que ahora la orden judicial preliminar de Maryland podría extender la suspensión de manera indefinida.
Justin Levitt, profesor en la Universidad Loyola Marymount, explicó a ABC que este tipo de audiencia es un procedimiento judicial que básicamente aplaza la implementación de la medida. "Es una orden que dice: ‘No implementen esto’, ya que los demandantes han mostrado una alta probabilidad de éxito cuando el caso sea resuelto definitivamente", explicó Levitt.
La administración Trump ha estado trabajando en esta iniciativa durante meses, anticipando los desafíos legales. El presidente ha prometido apelar cualquier fallo que considere en contra de su orden, lo que sugiere que la orden judicial preliminar podría llevar el caso a las cortes de apelación.
Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, la medida fue impulsada por la necesidad de “prevenir la migración ilegal y evitar el abuso de los recursos del Estado”, según Trump.
Por su parte, las cinco mujeres indocumentadas embarazadas que presentaron la demanda en Maryland aseguran que esta medida las afecta especialmente.
Una de las demandantes, identificada como "Mónica", una médica venezolana con estatus de protección temporal, expresó: "Tengo 12 semanas de embarazo. Debería estar preocupada por la salud de mi hijo, pero en cambio, mi esposo y yo estamos ansiosos y estresados porque no sabemos si mi hijo podrá obtener la ciudadanía estadounidense".
Fuente: Excelsior
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