Si algo define a una democracia sana es la certeza en las reglas del juego y la incertidumbre en el resultado. Saber que todos los competidores arrancan desde la misma línea de salida con las mismas condiciones, sin conocer de antemano quién cruzará la meta, es el fundamento de una elección justa. Esa fue, en buena parte, la batalla que México libró durante décadas para consolidar su sistema electoral y abandonar los tiempos en los que el resultado de cualquier contienda estaba escrito antes de que se emitiera un solo voto.
Sin embargo, lo que estamos viendo con el proceso de elección de jueces y magistrados es una regresión preocupante. A menos de 100 días de la jornada electoral, no hay claridad en elementos tan básicos como el diseño de las boletas o el número exacto de cargos que estarán en disputa. En una elección de esta magnitud, la incertidumbre debería estar en quién gana, no en cómo se juega.
Lo que hoy presenciamos es el reflejo de un sistema que ha sido capturado por el oficialismo. No se trata de una hipótesis ni de una conjetura política. Es una realidad documentada por el periodismo y reconocida incluso por los propios protagonistas del proceso: la lista de aspirantes muestra una abrumadora inclinación hacia perfiles con vínculos directos con el gobierno. Mientras tanto, los partidos de oposición han optado por una postura de indiferencia, dejando la cancha libre para que el oficialismo juegue solo.
Hay otro elemento que no se puede ignorar: el renacer del corporativismo electoral. Morena no solo ha lanzado una campaña para sumar 10 millones de afiliados, sino que ha encontrado eco en viejas estructuras sindicales que en su momento fueron pieza clave del control político del PRI. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones gremiales han ofrecido su respaldo masivo al oficialismo, recordándonos que los métodos de movilización política de antaño nunca desaparecieron, solo estaban en pausa.
Esto no es menor. Significa que quienes hoy gobiernan y en su momento lucharon por la democratización del país, están utilizando los mismos mecanismos que combatieron para perpetuar su influencia en el aparato judicial. Es una paradoja histórica: la izquierda que denunció el fraude en Tabasco en 1988, que marchó contra las irregularidades del 2006, que exigió transparencia en el proceso electoral de 2012, es ahora la que moldea las reglas a su conveniencia.
El mayor problema de este proceso electoral es la apatía generalizada. A diferencia de las elecciones presidenciales o legislativas, la designación de jueces y magistrados no genera interés entre la ciudadanía. El voto judicial, en teoría, debería fortalecer la legitimidad del Poder Judicial y garantizar su independencia. En la práctica, se está convirtiendo en un mecanismo de captura institucional en el que solo participan quienes tienen un interés directo en los resultados.
Si las proyecciones se cumplen, apenas el 9% del padrón electoral acudirá a las urnas. Eso significa que alrededor de 10 millones de personas definirán el futuro del Poder Judicial en un país con casi 100 millones de votantes. Y si consideramos que ese número coincide con la meta de afiliación de Morena, la ecuación queda resuelta.
Este escenario nos devuelve a tiempos que creíamos superados, donde la competencia electoral era una formalidad y la participación ciudadana un trámite innecesario. No es casualidad que algunos analistas ya comparen este proceso con las prácticas del viejo sistema hegemónico.
Frente a este panorama, la pregunta es evidente: ¿hay algo que se pueda hacer? La oposición ha decidido jugar un papel pasivo en este proceso, dejando que el oficialismo lo domine sin resistencia. Pero más allá de los partidos, la verdadera pregunta es si la ciudadanía está dispuesta a asumir que el sistema judicial, una de las columnas vertebrales de cualquier democracia, sea moldeado sin contrapesos.
La respuesta no está solo en el voto, sino en la exigencia. Si permitimos que el juego se juegue con reglas inciertas y resultados predecibles, habremos normalizado lo que durante años costó tanto trabajo cambiar. Y si eso sucede, la certeza de la incertidumbre electoral que tanto defendimos se convertirá en una certeza de control que nos devolverá a un México del que pensábamos haber salido.
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