El Tribunal Superior de Bogotá frena el juicio contra Álvaro Uribe por falta de imparcialidad

 

Colombia

El proceso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha experimentado un nuevo giro. Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá decidió suspender temporalmente el juicio por presunta manipulación de testigos, al considerar que la jueza encargada podría no haber actuado con la debida imparcialidad. La decisión responde a una acción de tutela presentada por la defensa del exmandatario, que alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso.

El tribunal, en su resolución firmada por el magistrado Ramiro Riaño Riaño, argumenta que la jueza debió haber suspendido la audiencia inicial tras la recusación interpuesta por la defensa de Uribe. Esta consideración, que fue desestimada al interpretarse como una maniobra dilatoria, impidió que otro juez evaluara de manera independiente los argumentos presentados. “Al rechazar de plano la recusación y calificarla como una acción dilatoria, se omitió que otro juez pudiera valorar la situación, poniendo en entredicho la imparcialidad de la funcionaria”, señala el fallo.

El expresidente Uribe, una figura central en la política colombiana de las últimas décadas, enfrenta este proceso desde 2018. El caso se originó en 2012, cuando denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente orquestar un complot en su contra mediante falsos testigos que lo vinculaban con el paramilitarismo. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y, en cambio, abrió un proceso contra Uribe por supuesta manipulación de testigos.

Uno de los personajes clave es Diego Cadena, abogado de Uribe, investigado por ofrecer presuntos beneficios judiciales o pagos a exparamilitares para que modificaran sus testimonios. Un testigo central en el caso es Juan Guillermo Monsalve, quien afirma haber recibido visitas de Cadena en la cárcel en 2018. La defensa de Uribe sostiene que el expresidente no tenía conocimiento de estas acciones.

El caso ha tenido varios episodios relevantes, incluyendo la detención domiciliaria de Uribe en 2020, medida dictada por la Corte Suprema. Posteriormente, el exmandatario renunció a su escaño en el Senado, lo que permitió que el proceso pasara a la Fiscalía. Durante la gestión del fiscal Francisco Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque, la Fiscalía intentó cerrar el caso en tres ocasiones, sin éxito.

Con la llegada de Luz Adriana Camargo como fiscal general y Gilberto Villareal como fiscal del caso, la Fiscalía cambió su postura y acusó formalmente a Uribe en mayo por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Así, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en enfrentar un juicio penal en décadas.

El juicio comenzó la semana pasada en medio de acalorados debates legales. La defensa del exmandatario, liderada por el abogado Jaime Granados Peña, solicitó más tiempo para preparar su estrategia tras la admisión de nuevas pruebas, pero la jueza denegó la petición. Esto motivó la presentación de la tutela que llevó al Tribunal Superior de Bogotá a suspender el proceso, prolongando un caso que ya acumula siete años, tres fiscales generales y numerosas horas de audiencias judiciales.

Fuente: El País

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